El informe de la Unidad Central de la Guardia Civil no deja lugar a dudas. El dispositivo del Fiscal General del Estado fue masivamente borrado, y por dos veces, justo el día en el que el Tribunal Supremo abría causa judicial contra él por revelación de secretos. Utilizando la metáfora y comparando con pasados episodios de casos de corrupción se podría decir que el móvil del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz ha sido destruido "a martillazos" para no dejar rastro. Pero el rastro ha quedado y los agentes de la Guardia Civil ha podido constatar que se efectuaron 20 llamadas telefónicas en 4 horas, alguna de ellas a departamentos del Ministerio de Hacienda y de Justicia.
El otro cabo suelto de la actualidad corresponde al actual ministro Ángel Víctor Torres y ex presidente de Canarias. Adelanta El Confidencial que el ministro adjudicó 60 millones de euros a empresas investigadas por la justicia. Empresas relacionadas con distintos caso de corrupción y que muchas de ellas tiene como denominador común a la trama de Víctor de Aldama. Además, el expresidente canario y hoy ministro, mantuvo contactos con algunos de estos empresarios.
