La Fiscalía del Supremo pide al tribunal que confirme ya la sentencia de los ERE. El Ministerio Público considera acreditada por abundantes pruebas periciales y documentales la distribución fraudulenta y esta es una expresión literal de ayudas a empresas y trabajadores con el consiguiente quebranto a las arcas públicas.
Estamos hablando de 679 millones de euros que los condenados y también es textual distribuyeron soslayando el procesamiento de manera consciente y deliberada en lo que constituye el mayor fraude de ayudas sociales en España.
