Hay dos perspectivas para analizar la sentencia condenatoria de los ERE: la jurídica y la política. Desde el punto de vista jurídico legal queda claro lo que se condena: el uso fraudulento de 679 millones de euros. Para ellos se falseo el presupuesto, se burlaron o se hizo caso omiso de los controles, y lo más relevante, que tumba los argumentos de gran parte de las defensas. Todo el Gobierno andaluz sabía lo que estaba pasando.
La duda de este cronista es por qué Griñán es condenado a 6 años de prisión e inhabilitación, pero Chaves, bajo cuyo mandato se inició el fraude, solo a inhabilitación.
Los triunfadores son la Fiscalía y la jueza Mercedes Alaya, que en algún momento fue descalificada por el Partido Socialista. ¿Hubiera sido igual la sentencia si hubiese habido casos de enriquecimiento personal? ¿Qué pasa con el dinero, cuya devolución propugnan Ciudadanos y la líder de Podemos en Andalucía Teresa Rodríguez? ¿Cuánto tiempo tardará en conocerse toda la verdad si otras 146 piezas siguen en investigación?
Bruselas advierte que España gasta demasiado en pensiones. No sé si se equivocan de cuentas, o se equivocan de país.