Apunta en su entrevista en Más de uno que la Generalitat se ha arrogado con esta acción una responsabilidad que no les corresponde porque la actividad de los jueces la controla el CGPJ, no una administración autonómica.
Insiste en este sentido que lo grave del asunto es que una administración autonómica controle lo que hace un juez en su puesto de trabajo.
