Hay un antes y un después de la decisión gubernamental presentada como acuerdo con los sindicatos por el Gobierno de elevar el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros. Eso es, al menos, lo que hace ver el Gobierno hoy. Con formalidad digna de una causa histórica lo ha anunciado Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo.
Se llega a una cifra redonda por la que trabajaron Yolanda Díaz y los sindicatos, que estaban de acuerdo previamente y que iban a por ese objetivo. Lo cual desarma un poco esa presentación que se ha hecho como acuerdo. Una estrategia común, con el mismo objetivo conseguido. Enhorabuena y también a los jóvenes y mujeres que se van a beneficiar de esa medida.
La duda que persiste y que es compatible celebrar que casi dos millones de trabajadores van a mejorar su condición, es en qué medida, como dice la patronal, esto va a desanimar la contratación al encarecer los costes laborales y provocar más paro. Es el viejo argumento, la disputa nuclear de esta historia en la que uno piensa que no hay buenos y malos sino distintos caminos que no intereses para confluir en lo mismo.
Las grandes empresas no tiemblan por esto, tienen colchón de sobra, son los autónomos, los pequeños empresarios que quieren mantener su empresa y a sus trabajadores, pero quizá tengan dificultad para encajar la subida. Los 35 euros al mes ahogan a los empresarios que todavía se estaban recuperando.
La satisfacción por la mejora de unos afectados se me antoja compatible con la inquietud por otros. No hay aquí lucha de clases, creo que sencillamente distintas necesidades y cabe dudar si se ajustan en tiempo y forma con esta medida.
