Llevamos varios días ocupándonos de la polémica abierta a cuenta de los efectos judiciales de la aplicación de la Ley de garantía Integral de la libertad sexual. En los medios de comunicación nos hemos centrado en la lectura política y jurídica de una norma que, en contra de lo que buscaba, está permitiendo rebajas de penas a varios condenados por delitos sexuales.
Les hemos contado cómo desde el Ministerio de Igualdad se insiste en acusar a los jueces de una interpretación machista de la Ley y en negar fallo alguno en el articulado que aprobó el Consejo de Ministros, y también el parlamento.
A la espera de que desde la justicia o desde la política se corrija la anomalía, son las víctimas de los delitos sexuales las que están viviendo con tremenda inquietud y hasta temor esta situación: ver como sus agresores consiguen reducir sus penas e, incluso, quedan en libertad.
