La justicia europea se erige como la última frontera ante regímenes que llegaron democráticamente al poder pero que aspiran a dinamitar la democracia. Hoy ha abierto la puerta a que se inicie un proceso en el que se justificar por qué se han congelado los fondos europeos de la pandemia a Hungría y a Polonia si no respetan los derechos humanos ni el Estado de Derecho.
Esta condición está recogida en un reglamento que hoy ha avalado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si estos países quisieran beneficiarse de estas ayudas, parece lógico que se les obligue a cumplir las mismas reglas que el resto de países sí que cumplen y que ellos vulneran continuamente mediante sus políticas.
Ese respeto a los derechos humanos como condición previa quedó recogido en un documento que se aprobó hace más de un año y que entró en vigor hace unos meses. Ambos países lo recurrieron y amagaron con bloquear el presupuesto comunitario si este reglamento salía adelante. La Comisión Europea anunció que prefería esperar a ver qué decía el Tribuna Europeo sobre los recursos de ambos países.
Hoy hemos conocido la resolución del tribunal que ha decretado que el reglamento es perfectamente válido y que todos los países deben cumplir con el decreto y ganarse el derecho a poder recibir estos fondos. Por su parte, Polonia, aspira a recibir 23.900 millones de euros en subvenciones y 12.100 millones en préstamos, mientras que Hungría pretende hacer lo propio con 7.200 millones. Ahora la última palabra la tiene la comisión, que deberá decidir si se aplica el mecanismo de condicionamiento a la hora de percibir estas ayudas.
