Todos los grupos parlamentarios del Congreso, excepto el Partido Popular y Vox, votaron el martes en el Congreso a favor de reformar el Código Penal para castigar con cárcel a quienes acosan y hostigan a las mujeres que acuden a clínicas acreditadas para interrumpir voluntariamente su embarazo.
Mientras, siguen habiendo hospitales públicos en España que se niegan a practicar abortos, a pesar de que la ley lo permite, porque el 100% de los ginecólogos se declaran objetores de conciencia.
Cinco comunidades autónomas no notificaron ningún aborto en centros públicos en 2019: Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Murcia. Según el Ministerio, ese mismo año, Madrid y Murcia están entre las seis comunidades de España en las que más interrupciones de embarazo se practicaron por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, sostiene que hay quecompatibilizar ambos derechos, el de objeción de conciencia y el del aborto: "La objeción de conciencia no puede ser un problema para la calidad asistencial y la prestación de los derechos que tienen las mujeres". Sin embargo, no es partidaria de que se cambie la regulación al respecto.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que en el plazo de tres meses el Gobierno tendrá un borrador de la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y en él se regulará el derecho a la objeción de conciencia de los médicos: "Existe una grave vulneración al derecho al aborto", ha denunciado Montero.
Finalmente, las organizaciones y los colegios de médicos creen que dificultar la objeción de conciencia del personal sanitario es una mala solución.
