La falta de información clara y accesible sobre la estrategia de vacunación en las diferentes comunidades autónomas así como las últimas noticias sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca, de cuyo riesgo los expertos ya han advertido que es mucho menor que los beneficios, han causado una gran confusión social en los últimos días.
Aprovechándose de esta situación, algunas personas se sirven de las redes sociales para difundir bulos como el que a principios de abril ocasionó que 4.000 sevillanos se presentasen en el punto de vacunación cuando no les correspondía, produciéndose "problemas de aglomeraciones" y dificultando la actuación de los profesionales sanitarios. La propia Junta de Andalucía tuvo que advertir de este bulo que animaba a los vecinos mayores de 80 años a acudir a vacunarse aunque no tuviesen cita previa.
Similar situación han vuelto a vivir en Sevilla esta semana con otra cadena de bulos en la que se aseguraba el inicio de la vacunación a personas de entre 50 y 65 años. Se trataba nuevamente de información falsa.
Con estos y otros ejemplos, durante la campaña de vacunación que España inició a principios de año los bulos en redes sociales se han convertido en una verdadera preocupación para las administraciones públicas, obligando a los servicios policiales a prestar una mayor atención a lo que se dice en las redes sociales.
Tal y como explica el oficial de Policía Local Antonio Barea, desde el año 2019 el Ayuntamiento de Sevilla incluye la desinformación y los bulos como parte de los riesgos contemplados en su Plan de Emergencias, en línea con las directrices de la Estrategia de Seguridad Nacional o del Plan de Acción contra la Desinformación de la Comisión Europea.
Barea asegura que el objetivo de los bulos es favorecer la "quiebra de la relación de confianza entre ciudadanos e instituciones a través de la confusión deliberada". Para este criminólogo y responsable del canal de Emergencias Sevilla en redes sociales, estas plataformas ofrecen un canal para que los servicios policiales puedan "ofrecer información de servicio público, acercar la labor policial a la ciudadanía" y también ser "fuente de información a través de la monitorización".
Esta monitorización de las redes sociales es fundamental para la policía que consigue "detectar síntomas de comportamientos incívicos e ilegales que se estén empezando a producir y, de esta forma, anticiparnos, prevenir y actuar ante ciertos delitos". Para ello es importante contar con recursos tecnológicas pero también, como apunta Barea, con "técnicas de análisis de sentimientos y modelos de escucha activa".
También advierte sobre las repercusiones legales que puede acarrear para los autores "cualquier información falsa que sea difundida y genere una movilización de los servicios de emergencia causando desórdenes públicos", aunque admite que en muchos casos "es difícil llegar al origen de la información", si bien es verdad que existen herramientas para identificar a las personas que hay detrás de estos perfiles.
Al igual que se educa a la población para actuar en caso de terremoto, explica Barea, la autoprotección contra los bulos también se debe enseñar con consejos sencillos para verificar la información que nos llega a través de plataformas como WhatsApp o las redes sociales.
