La dirección de la EMT echó a Zafra al considerarla principal responsable de la estafa de 4 millones de euros detectada en las cuentas de la entidad en 2019. En concreto la acusaron de haber enviado un documento a un tercero, con firma de los apoderados, y vulnerando el deber de confidencialidad y custodia propio de su función directiva. Los supuestos estafadores remitieron correos electrónicos a la despedida haciéndose pasar por el presidente de la EMT (el concejal Giuseppe Grezzi) para solicitar hasta ocho transferencias por importe total de 4 millones de euros a una cuenta del Bank of China en Hong Kong.
Sin embargo, el Juzgado de lo Social número 1 de València ha considerado improcedente el despido. El fallo dice que "resulta difícil afirmar que la trabajadora pretendía ocultar a la empresa que había remitido documentos conteniendo las firmas de los apoderados, cuando manifestó que había remitido los DNI de los mismos, documento que, obviamente, también contiene sus firmas". "Que la trabajadora no tenía voluntad de ocultar información crucial a la empresa también se desprende del hecho de que la misma no manipulara en ningún momento su ordenador, pese a que continuó trabajando con normalidad" varios días después de detectarse la estafa.
Concluye el juez que "no parece razonable, ponderado, ni ajustado al criterio que proporcionalidad que debe regir el régimen disciplinario de la empresa, la imposición de la máxima sanción a quien ha venido prestando servicios para la entidad durante más de cuarenta años sin haber incurrido en ninguna infracción laboral". "Así las cosas, se estima que el empresario se ha excedido en el ejercicio de la facultad sancionadora, con lo que procede declarar la improcedencia del despido".
El alcalde de València, Joan Ribó, ha dicho que la dirección de la EMT analizará el contenido de la sentencia antes de decidir si la recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. En caso contrario, la compañía deberá readmitir a la trabajadora o pagarle una indemnización de casi 200 mil euros.
Ribó asegura que se esperaban una sentencia así porque la mayoría de los litigios de lo Social acaban favoreciendo a los trabajadores. Por eso ha insistido en que mantiene intacta su confianza en el presidente de la EMT, el concejal Giuseppe Grezzi. Ribó ha vuelto a culpar la exempleada y a Caixabank de la estafa cometida en la compañía pública.
Por su parte desde el Partido Popular su portavoz municipal, María José Catalá, ha dicho que el fallo desmonta la estrategia de la EMT y el gobierno local de eludir su responsabilidad y tratar de convertir a la despedida "en la única cabeza de turco del fraude". Catalá ha reclamado un consejo de administración urgente de la EMT y la dimisión del concejal Grezzi por su "falta de diligencia" en la gestión.
