Otro asunto, además de la tasa turística, ha vuelto a tensar la relación entre los socios del Botànic. Se trata de una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2022 que lleva la firma de PSPV, Compromís y Unides Podem y en la que se propone considerar la violencia obstétrica (el trato sanitario irrespetuoso y ofensivo contra las mujeres durante su embarazo y el parto) como una forma de violencia de género.
La enmienda aboga por recoger este concepto en la ley valenciana integral de violencia contra la mujer, pero ahora los socialistas parecen desmarcarse de esta idea, pese a haberla apoyado. “A lo mejor no tenía que haberla firmado”, reconocía este miércoles en Les Corts el síndic del PSPV, Manolo Mata. “Creo que el problema está en el encaje, en situarla con otras violencias que causan hombres contra mujeres. Está claro que la violencia obstétrica solo la pueden padecer mujeres, pero la pueden causar tanto hombres como mujeres, con lo cual no tiene sentido que esté en un apartado de violencia de hombres contra mujeres”, decía Mata.
Desde Unides Podem, la síndica en Les Corts, Pilar Lima, pedía al PSPV “que aclare si realmente quiere apoyar o no” la enmienda y “algún tipo de propuesta” para el encaje legislativo de la violencia obstétrica.
Por parte de Compromís, su diputada Mònica Álvaro ha hecho hincapié en que la propuesta está presentada y firmada por los tres grupos y que simplemente supone adaptar a la Comunitat algo que ya ha establecido la OMS, que está regulado en otras comunidades como Catalunya y a lo que se ha comprometido el Gobierno. "Estamos dispuestos a hablar con quien sea, pero insistimos en que la violencia obstétrica se regule para erradicarla”, ha recalcado.
En la misma línea, y preguntada por este asunto, se pronunciaba este miércoles la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, quien ha insistido en que incluir el término “violencia obstétrica” en la ley de violencia machista “no criminaliza a nadie” sino que “defiende a las víctimas”. “Supone poder abrir la puerta a las víctimas para que tengan la atención que necesiten, sea psicológica, de trabajo social o jurídica”, decía Oltra.
LA OPOSICIÓN RECHAZA LA ENMIENDA
En cuanto a los grupos de la oposición, la síndica del PP, Mª José Catalá ha exigido a los socialistas que retiren la enmienda “cuanto antes” y a los socios que no “enmarañen” la violencia machista y no “demonicen” a los sanitarios que atienden partos.
También la portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino, ha tachado de “aberración y despropósito” esta propuesta que “criminaliza a todo el sector”.
Y desde Vox, la síndica, Ana Vega, considera una “auténtica barbaridad” equiparar la violencia obstétrica con la violencia de género.
A FAVOR Y EN CONTRA
El sindicato de médicos de la Comunitat, CESM, en declaraciones de su portavoz, Víctor Pedrera, a Onda Cero Valencia, rechaza el término violencia obstétrica y asegura que está “totalmente alejado de la realidad asistencial”. “Criminaliza de forma innecesaria a los profesionales y crea una alarma social, erosionando la confianza entre médico y paciente”, asegura Pedrera.
Sí está a favor de incluir la violencia obstétrica en una ley contra la violencia de género la asociación El Parto es Nuestro. Susana Fernández miembro de la junta directiva, denuncia que se realizan en exceso “episiotomías, cesáreas e inducciones al parto”, situaciones que, dice, “violentan a las mujeres y que tienen un importante componente de género”. “La consecuencia es que esté de alguna forma regulado y legislado”, asegura Fernández.
La enmienda, firmada por los socios del Botànic, ya está registrada, aunque hay tiempo para modificarla o retirarla hasta el debate de ley en comisión a partir del 2 de diciembre en Les Corts.
