Hoy se va a celebrar el juicio que se aplazó hace unos meses contra Rafael Soler, ex alcalde del Partido Popular de La Pobla Llarga, el que fuera secretario municipal y contra una técnico del Ayuntamiento acusados de irregularidades en 2008, cuando el ayuntamiento recibió una subvención de la Diputación de Valencia de 267 mil euros para equipar el Teatro Monterrey con butacas, que no llegaron a instalarse. Concretamente, en este juicio se abordará el proceso de tramitación del equipamiento de más de 400 butacas.
La Fiscalía no acusa a ninguno de los tres procesados ya que considera que los hechos no son constitutivos de delito. El exalcalde de La Pobla Llarga, Rafael Soler, ha indicado que se trata de un pleito por cuestiones políticas.
Fue el Ayuntamiento de La Pobla Llarga, en manos de la socialista Neus Garrigues, el que presentó una querella contra Soler, el secretario municipal en su momento y una técnico municipal, al considerar que existió un delito de malversación de caudales públicos y falsedad documental. Una denuncia a la que se ha sumado la Diputació de València, que fue quien otorgó la subvención.
14 años después, a día de hoy, el teatro Monterrey sigue en obras.
