Rafa Mas denuncia en Más de uno Alicante la implementación de cursos para 'curar' la homosexualidad

El portavoz y concejal del grupo municipal de Compromís, insta al Ayuntamiento de Alicante a pronunciarse en contra de lo que consideran una práctica ilegal que se acerca a la tortura psicológica

La formación política ha creado una página web, No estamos enfermas, en la que se detallan los nombres y apellidos de las personas que imparten estos talleres, así como el origen de dichas iniciativas.

Según ha explicado Rafa Mas, en Más de uno Alicante, el grupo municipal de Compromís presentará en el próximo pleno ordinario una declaración institucional para pedir la reprobación pública de estas terapias.

En julio del año pasado, el grupo de Compromís en Les Corts Valencianes denunció la vinculación del Arzobispado de Valencia con un centro que practicaba las llamadas "terapias de conversión" contra personas LGTBI. Según el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Presidencia, el Centro de Orientación Familiar Mater Misericordiae tiene su domicilio social en la calle Avellanes nº 12 de Valencia, un edificio propiedad del Arzobispado. En este mismo inmueble también tienen sede diversas secciones de la institución eclesiástica, como la Vicaría de Evangelización, la Vicaría Judicial, el Tribunal Eclesiástico Metropolitano, la agencia de noticias Avan y el semanario Palabra.

A medida que han salido a la luz testimonios de víctimas de estas prácticas, ha quedado en evidencia la existencia de una red que involucra a parte de la Iglesia católica, con la participación de determinadas parroquias, sacerdotes, entidades y escuelas que derivaban alumnos a este centro, descrito como un auténtico espacio de tortura psicológica.

Pese a los intentos del Arzobispado de desvincularse de este asunto, se ha confirmado que el centro sigue teniendo su domicilio social en una de sus sedes principales.

Ante esta situación, el Ministerio de Igualdad ha abierto un expediente sancionador contra siete diócesis españolas, entre ellas la de Valencia, por promover y acoger estas terapias. Actualmente, los juzgados investigan tres denuncias relacionadas con estas prácticas, que Naciones Unidas equipara a la tortura. En la Comunitat Valenciana, están prohibidas desde 2018 y, a nivel estatal, desde 2023 con la Ley de Igualdad LGTBI, que contempla sanciones de hasta 150.000 euros.