No pueden acudir al Contencioso Administrativo porque han recibido la información de los expedientes cuando ya se habían pasado los dos meses de plazo para hacerlo. Una vez que han tenido acceso a los expedientes, concluyen que la contratación se hizo a dedo y que fue el empresario el que puso las condiciones al consistorio, exigiendo actuaciones por las que el Ayuntamiento ha tenido que abonar 58.000 euros, mediante convalidación de facturas y sin contrato.