La memoria de Cáritas es demoledora sobre la situación social de Canarias. Se están alquilando salones de viviendas a 450 euros a una familia mientras el resto de habitaciones se arrendan a otras familias. Vuelven además las llamadas "camas calientes", es decir, camas que se alquilan a trabajadores por horas. La pobreza se acerca casi a la mitad de la población y la organización social advierte de que no tienen casi capacidad para atender a todas las personas que demandan ayudas. En otros asuntos, el Gobierno de Canarias se vuelve a dirigir al Estado exigiendo la aplicación de la Ley de Extranjería en el caso de los menores migrantes y su traslado a otras comunidades autónomas y le pide casi 200 millones para afrontar la tutela de caso 6000 menores migrantes.
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