El vandalismo se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para cualquier administración pública, empresa o comunidad de vecinos. Fachadas, parques, pavimento, alumbrado, papeleras y mobiliario urbano son algunos de los elementos que sufren los destrozos que provocan los más incívicos. Un problema que cada año cuesta millones de euros en gastos de mantenimiento, reparación y limpieza.
Las pintadas y los grafitis suman buena parte del presupuesto y los esfuerzos que deben ejecutar los servicios municipales para paliar los daños causados por este tipo de actos vandálicos. Es un problema "complejo" según ha constatado en el programa Más de Uno Mallorca de Onda Cero la regidora de seguridad ciudadana del Ajuntament de Palma, Joana Maria Adrover.
Los agentes del cuerpo de Policía Local de Palma disponen desde este año de un protocolo en materia de grafitis que les permite identificar si los supuestos autores se enfrentan a un delito o una sanción administrativa. Porque existen dos modos de castigar esa conducta según donde se haya hecho esa pintada. Para ello rigen la reforma del Código Penal aprobada en 2015 y la ley de seguridad ciudadana, tal y como ha explicado el responsable de la Policía Local de Palma que se encarga de identificar y perseguir a los grafiteros que atentan contra el patrimonio.
En lo que llevamos de año, la Policía Local de Palma ha efectuado medio centenar de actuaciones relacionadas con grafitis y se han levantado 13 actas de denuncia. Las sanciones pueden llegar a los 600 euros y no tienen consecuencias penales. Pero los grafiteros reincidentes, y esto es lo más habitual, pueden enfrentarse a multas de hasta 30.000 euros.
El grupo de investigación y seguimiento de denuncias de la Policía Local de Palma dispone de una base de datos que se abrió hace 15 años y permite realizar un seguimiento de las pintadas y los autores que han podido identificarse en toda la ciudad a lo largo de este tiempo.
Es algo habitual que los grafiteros se inicien en esta actividad siendo menores de edad. Por ello, EMAYA ha incluido en su programa educativo en los colegios de Palma una actividad específica sobre comportamientos incívicos. Bajo el lema "El preu cívic" se muestran las consecuencias del abandono de residuos y voluminosos en la calle, pero también el problema que suponen los excrementos de animales. Los niños también pueden conocer el coste económico que implica la limpieza de grafitis y pintadas, así como la reparación y el reemplazo de elementos antes los ataques vandálicos contra el mobiliario urbano.
