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UDA

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  • Mario Urrea

    Los regadíos no inscritos pero dentro de UDA y, por tanto, "alegales" deberán acreditar el origen del agua con la que riegan para ser regularizados

    La CHS inspecciona el 25% de la cuenca del Segura y detecta 3622 hectáreas de regadío ilegal que han sido expedientadas.

    La CHS inspecciona el 25% de la cuenca del Segura y detecta 3622 hectáreas de regadío ilegal que han sido expedientadas. Se trata de la primera fase de lo que el organismo de cuenca ha denominado Plan de Choque de los Aprovechamientos y, según su presidente, Mario Urrea, han comenzado por el regadío fuera de las denominadas Unidades de Demanda Agraria de la cuenca del Segura. De esas 3622 hectáreas de regadío ilegal, unas 1300 están en el campo de Cartagena. Luego están los regadíos no inscritos dentro de las Unidades de Demanda Agraria y, por tanto, en situación de “alegalidad”. Se trata de miles de hectáreas, aunque Urrea no quiere dar cifras concretas porque muchos de esos regadíos son susceptibles de regularización con concesiones de agua desalada como va a ocurrir con 4.600 hectáreas de regadío no consolidado en El Raiguero y el Paretón de Totana con agua de la desaladora de Águilas. Los regadíos no inscritos, según Urrea, deberán aportar la documentación necesaria que acredite la procedencia del agua con la que están regando que suelen ser pozos subterráneos o solicitar concesión de agua desalada para cerrar luego los pozos y evitar la sobreexplotación de los acuíferos como marca la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea que fija el año 2027. La Confederación Hidrográfica del Segura, como le están pidiendo los agricultores, quiere delimitar exactamente los perímetros regables de la cuenca del Segura de forma que sean inamovibles y ayude a terminar con la imagen peyorativa que se traslada de la cuenca según Urrea.

  • Turrión

    "En la región de Murcia no se ha desmantelado ninguna roturación ilegal de monte para plantar lechugas o uva de mesa"

    Francisco Turrión: "El regadío ilegal no dejará de aumentar en la cuenca del Segura mientras no se incluya en el código penal el delito contra los recursos hídricos"

    El funcionario de la CHS, Francisco Turrión deberá ser indemnizado con 12.000 euros por daños morales. El juzgado ha condenado al ministerio de agricultura que a finales de 2017, estaba en manos de García Tejerina, le abrió expediente disciplinario y le sancionó con la suspensión de empleo y sueldo durante seis meses a raíz de la publicación por la organización Greenpeace del informe “La trama del agua en la cuenca del Segura, diez años después” en el que participó Turrión. El fallo judicial concluye que hay “sobrados indicios de que el auténtico móvil de la sanción fue coartar la libertad de expresión del funcionario que se atrevió a cuestionar el trasvase del Tajo. Además, deberán resarcirle los 26.000 euros de salarios dejados de percibir, así como las vacaciones. El informe de Greenpeace sostenía que la región tenía agua subterránea suficiente como para no depender del trasvase del Tajo. Un informe que veinticinco expertos de una docena de universidades calificaron de “falsedades pseudocientíficas”. Turrión, que también es experto en hidrogeología, ha declarado en Onda Cero que la superficie de regadío ilegal en la cuenca del Segura “seguirá creciendo mientras no se incluya en el Código Penal la figura del delito contra los recursos” y recuerda que, aunque dicen que no hay agua, las exportaciones hortofrutícolas no dejan de aumentar en la región de Murcia hasta alcanzar en 2018 cifras récord. Turrión estima que 64.000 hectáreas de regadío son ilegales en la cuenca del Segura porque se está superponiendo el regadío de hecho con el regadío de derecho a cuenta de la denominada UDA (Unidad de Demanda Agraria) y recuerda que ninguna roturación ilegal de monte para la plantación de lechugas o uva de mesa ha sido desmontada por la Guardia Civil en la región de Murcia.