Dictamen

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia expone en un dictamen que "el interés general debe prevalecer sobre el particular" y propone que "se desestime la reclamación patrimonial de 14 millones de euros realizada por una empresa agrícola ubicada en Los Poyo por los daños que sufre debido a la normativa de protección del Mar Menor aprobada en 2020. La empresa dice que "la Ley de produce un daño que no tiene la obligación de soportar" el Consejo Jurídico considera que está obligada a soportar el daño como el esto de explotaciones

La comisión especial no permanente sobre el Reto Demográfico de la Junta General del Principado de Asturias aprobó ayer su dictamen, dos años y medio después de que se constituyese, el 20 de noviembre de 2019

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia concluye que las normas transitorias requieren de evaluación de impacto ambiental al tratarse de un instrumento de planeamiento urbanístico. El dictamen se elaboró a petición de la Consejería de Fomento sobre el desbloqueo de las normas transitorias de Cartagena. El Consejo Jurídico paralizó el dictamen al conocer que el PP había presentado una enmienda de adición a la Ley de Aceleración sobre normas transitorias que modificó un artículo de la Ley de Ordenación del Territorio relativo a las normas transitorias para eximirlas de evaluación de impacto ambiental. Esa enmienda de adición motivó que las letradas de la Asamblea Regional emitieran un informe advirtiendo de que "la ley de aceleración vulneraba el nivel mínimo de protección ambiental". Dijeron los servicios jurídicos de la Asamblea Regional que "eludir la evaluación estratégica en normas transitorias urbanísticas podía ser ilegal".