campo cartagena

La consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente envió el pasado 28 de octubre los acuerdos de restitución de los 50 expedientes iniciados correspondientes a 899 hectáreas. La CARM quiere ser escrupulosa con los trámites y plazos legales para evitar que los expedientes sean declarados nulos.

Joaquín Segado dice que “el PSOE ha convertido a la Confederación Hidrográfica del Segura en un organismo ‘titere’ al servicio de la ministra Teresa Ribera”.

El Ministerio de Transición Ecológica considera que “para dar una respuesta estructural adecuadamente dimensionada al Mar Menor y no repetir estrategias de huida hacia delante, ésta ha de proyectarse sobre datos técnicos ciertos”. El Ministerio de Transición Ecológica considera que es fundamental conocer el volumen exacto de descarga subterránea desde el acuífero cuyo estudio realiza la empresa Tragsa y tendrá terminado en marzo. Un avance del citado estudio estima que el volumen de descarga oscila entre los 5 y 13 hm3 al año.

El Instituto Geológico y Minero de España asegura que no hay informe alguno del instituto que apoye la cifra de 68 hm/año de descarta subterránea del acuífero del Campo de Cartagena al Mar Menor.

El jefe de la oficina en Murcia del Instituto Geológico y Minero de España, Ramón Aragón Rueda ha explicado a Onda Cero que que la nota de prensa que emitieron en septiembre de 2016 y que cuantificaba el volumen de descarga en 68hm3 al año “no se refería a estudios nuestros sino de terceros”.

Un primer avance de las mediciones de drenajes desde el Campo de Cartagena al Mar Menor realizado por Tragsatec para el Ministerio de Transición Ecológica sobre el volumen de descarga de agua subterránea del acuífero al Mar Menor, al que ha tenido acceso Onda Cero en exclusiva, concluye que el valor resultante de descarga subterránea al Mar Menor obtenido a partir de 632 mediciones es de entre 5 y 13 hm3 al año, aunque a fecha de hoy -añade el informe- no se puede concretar más este dato al no disponer aún de los datos extraídos del modelo matemático. Los datos definitivos se publicarán el próximo mes de marzo.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán sigue buscando fórmulas jurídicas para que los envíos de agua del trasvase para riego no dañen al Mar Menor. Pretende excluir al Campo de Cartagena y no perjudicar así al resto de zonas regables del trasvase.

Francisco Turrión, hidrogeólogo y funcionario de la CHS, cree que la declaración del acuífero en mal estado químico debe servir para sentar en una mesa a todos los agentes implicados para adoptar soluciones viables que no criminalicen a los pequeños y medianos agricultores. Turrión apuesta por reducir las aportaciones de agua del trasvase del Tajo en el Campo de Cartagena y por aprovechar los pozos ya existentes para ir drenando el acuífero contaminado cuya agua, una vez desalobrada y desnitrificada, volvería a los agricultores. El Tribunal Supremo, en dos sentencias, ha declarado que los pozos del campo de Cartagena que extraigan menos de 7000 m3 al año no requieren de autorización por parte de CHS. Turrión también asegura que “el trasvase del Tajo está perjudicando la Mar Menor porque no deja de recargar el acuífero cuya agua aflora por todas partes”. Según Turrión, la extracción de agua contaminada del acuífero del Campo de Cartagena debería complementarse con la reducción de la superficie de agricultura intensiva en una franja de protección alrededor del Mar Menor –lo de 500 metros le parece un insulto a la inteligencia- y la prohibición de los fertilizantes nitrogenados. Francisco Turrión fue expedientado por la CHS por escribir un libro para Greenpeace sobre la trama del agua en la cuenca del Segura donde aseveró que no era necesario el trasvase del Tajo y que la cuenca era autosuficiente si se reducían regadíos ilegales entre otras cosas. Turrión recurrió en tribunales y el TSJ le ha dado finalmente la razón y, por tanto, deberá se indemnizado por el organismo de cuenca.

La doctora en biología y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Julia Martínez está analizado artículo por artículo el nuevo Decreto Ley para la Protección Integral del Mar Menor y está comprobando que es un "claro retroceso respecto de la Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor de febrero de 2018 respecto a las limitaciones que imponía regadío intensivo". Martínez, que también pertenece a Ecologistas en Acción dice que "el Decreto Ley no será eficaz porque no avanza con respecto a la normativa que ya existente y en muchos aspectos retrocede" y cita como ejemplo que "los fertilizantes de alta solubilidad que estaban prohibidos con la Ley de Medidas Urgentes, ahora se permiten bajo ciertas condiciones y en algunos casos sin condicionantes pese a ser los más contaminantes”. Otro retroceso tiene que ver con la cesión del 5% de cada explotación agraria para la implantación de soluciones basadas en la naturaleza como la plantación de setos vegetales para frenar escorrentías y atrapar nutrientes que obligaba la Ley de Medidas Urgentes y ahora, explica Martínez, “con el nuevo Decreto Ley, los embalses computarán como superficie basada en la naturaleza y en la zona 2 que es todo el Campo de Cartagena se sustituyen las barreras vegetales por caballones. Incluso los invernaderos con sistemas para recoger agua de lluvia pondrán computar toda la superficie plástica como solución basada en la naturaleza cuando no tiene nada que ver”. Julia Martínez insiste en que los vertidos que siguen llegando al Mar Menor son agrícolas y urbanos y, por tanto, responsabilidad directa del gobierno regional que tiene competencias y subraya que es absolutamente necesario “desmontar agricultura en una franja de, al menos, 2000 metros alrededor del Mar Menor”.  

El consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo insiste en que el éxito del decreto ley de Mar Menor va a depender de que lo interioricen los agentes implicados. Luengo, que no considera criminales a los que plantan lechugas en el campo de Cartagena, cree que deben hacérselo mirar aquellos que de entrada piensan que el decreto ley que hoy se publica en el BORM va a ser ineficaz. Luengo asegura que la CARM dispone de dinero para incentivar el cambio de modelo agrícola en el Campo de Cartagena, aunque explica que "ese cambio de modelo se plantea a media y largo plazo" y que eso "no es lo realmente importante". Luengo ha explicado que han establecido una franja de 500 metros donde estará prohibido el uso de fertilizantes porque es donde los técnicos les han dicho que hay mayor afectación. Luengo no descarta ampliar esa franja en función de los resultados del estudio que ha encargado el Ministerio de Transición Ecológica que debe cuantificar los intercambios de agua desde el acuífero al Mar Menor. El consejero de Agricultura se ha comprometido a revisar con la alcaldesa de Cartagena el plan parcial El Vivero que proyecta la construcción de casi 700 viviendas en terrenos ganados al Mar Menor "por si hubiese afectación ambiental". Luengo también ha confirmado que denunciarán ante los tribunales de justicia el incumplimiento de la orden de paralización de una roturación de terreno de casi 100 hectáreas en Fuente Álamo donde siguen trabajando las máquinas pese a que la dirección general de Medio Ambiente ordenó la semana pasada paralizar las obras de roturación.

El presidente de la CHS, Mario Urrea ha informado en Onda Cero de que han iniciado un expediente administrativo para deslindar el Dominio Público Hidráulico y expulsar de ramblas y cauces a los invasores. Urrea ha recordado que el deslinde del dominio público no prescribe y avanza que el expediente va a ser complejo. El presidente del organismo de cuenca admite que los cauces y ramblas son competencia de la CHS como dice el presidente López Miras, pero recuerda que la ordenación del territorio es competencia autonómica y responsabiliza a la administración regional de la desaparición de la red histórica de drenajes del campo de Cartagena. "El cauce de la rambla de la Maraña ha desaparecido por completo y ahora toca recuperarlo" dice Urrea que desconoce las propuestas que el gobierno regional quiere presentar el ministerio para evitar inundaciones en municipios ribereños como Los Alcázares "porque formábamos parte del panel de expertos que constituyó la consejería de Fomento pero decidimos abandonarlo porque solo proponían cosas en las que la CHS ya estaba trabajando". Mario Urrea ha recomendado al presidente López Miras que lea el Plan Vertido Cero realizado por la administración central y regional que establece las causas de la degradación ambiental del Mar Menor antes de decir que “no hay información suficiente para culpabilizar al sector agrícola”.