La Ley de Secretos Oficiales es la que establece qué asuntos deben ser considerados secretos y cómo deben tratarse. Si la buscamos en Google, nos aparecerá un texto de abril de 1968 firmado por un tal Francisco Franco. No es que se haya equivocado el buscador, es que esa ley está en vigor hoy en España. Como si desde entonces no hubiera pasado nada.
No son lo mismo los secretos en el Estado que los secretos de Estado. En el funcionamiento ordinario de un Estado hay muchos secretos legítimos, si entendemos como tal algunos asuntos que es mejor mantener en reserva hasta que llegue el momento de difundirlos. Puede ser el secreto de un sumario, que decreta un juez, o la reserva de una investigación policial, o la discreción con la que deben manejarse ciertas decisiones que si se conocieran antes de tiempo podrían crear problemas serios. Los Secretos de Estado son las cuestiones que se declaran oficialmente así porque su difusión pondría en peligro la seguridad de los ciudadanos o la del propio Estado.
Ignacio Varela explica que "si yo hubiera tenido que decidir si vigilar o no a los jefes de los CDR o a los políticos que impulsaron un golpe institucional en Cataluña, habría dicho que sí. Lo habría hecho como marca la ley, pidiendo la autorización del magistrado del Tribunal Supremo, que estoy seguro de que me la habría dado. Lo que no habría hecho es incorporarlos después a la mayoría gubernamental. Básicamente para no caer en una contradicción insalvable: quien es un peligro para el Estado no puede ser un aliado para el gobierno".
