Primeras consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma. Antes de nada, una reivindicación de la justicia como garante de nuestro ordenamiento a pesar de que algunos esperaban que los votos respondieran a intereses ideológicos.
Segundo, la constatación de que en caso de que se repitiera una situación similar en nuestro país España tendría que ir, o a un estado de excepción con mayor control del parlamento y más poder del estado (lo que los socios de gobierno tragarían con dificultad) o una ley de pandemias a la que el gobierno se sigue resistiendo.
La seguridad jurídica es esencial para saber a qué atenernos. Y si no, que se lo digan a las comunidades que están lidiando con un pico pandémico sin un criterio único.
