VÍDEO del monólogo de Carlos Alsina en Más de uno 07/11/2018

La decisión está tomada y ahora le toca al Tribunal, y a sus miembros, aguantar el chaparrón por el charco en el que se ha metido él solito.

La sentencia de hace dos semanas seguirá siendo válida —para ese caso concreto— pero sin que ello signifique que los bancos tengan que hacerse cargo, con carácter general, ni en adelante ni hacia atrás, de pagar el impuesto de actos jurídicos. No cambia la norma general y no cambia la interpretación de la norma. Salvo que el gobierno de Pedro Sánchez se anime ahora a cambiar el reglamento del impuesto. Solbes aprobó el que está en vigor (1995), a Montero le cabe, si quiere, promover su reforma. ¿A quién se considera contribuyente, al que recibe el préstamo o al que lo da? ¿Al que adquiere la vivienda o a quien requiere que se documente todo en el notario?

El Gobierno dice que comprende la indignación popular y estudia medidas. Como podemos descartar que vaya a devolverle, motu propio, el impuesto cobrado a los hipotecados, cabe pensar que en lo que están pensando es en cambiar el reglamento y punto.

Y como fue el Tribunal Supremo quien hace dos semanas anunció con trompetería que las bancos tendrían que hacerse cargo de todo, pues que el Supremo aguante ahora su vela y asuma con humildad que le estén lloviendo piedras.

• No ayuda a que afloje la tormenta que a la hora de votar estuvieran los 28 jueces tan divididos: 15 a un lado, 13 al otro.

• No ayuda que el presidente de la Sala, Picazo, convocante del pleno, haya votado a favor de recular.

• Y no ayuda que Carlos Lesmes, presidente del Supremo, dijera hace dos semanas esto.

Ha habido una percepción de que lo que se quería era revisar. Y dos semanas después, en efecto se ha revisado. Aunque haga ahora el Supremo el encaje de bolillos jurídico para decir que la sentencia aquella no se toca pero a la vez se mantiene la jurisprudencia contraria.

Menos mal que avisamos ayer de que hace pronósticos se había vuelto arriesgado. Ya contamos aquí que el debate había empezado el lunes por donde se suponía que no podía empezar: el fondo del asunto, es decir, si a los seis jueces que firmaron la sentencia de hace quince días se les había ido la mano.

Hay dos frases que hoy se repiten mucho y que usted habrá escuchado: una es 'bajada de pantalones', la otra, 'la banca siempre gana'.

Lo fácil es afilar las uñas y rasgarse las vestiduras porque la banca malvada, que siempre gana, ha forzado la mano del Supremo y le ha obligado, marioneta de los poderosos, a deshacer el roto que les había hecho a los bancos. Si los jueces del Supremo eran, hace quince días, héroes populares que obligaban a los bancos a comerse el impuesto, liberándonos así a los clientes, es comprensible que ahora sean vistos como unos cobardes que se han arrugado. Si el de hace quince días era el Supremo bueno, es natural que el de ahora sea visto como el Supremo malo, ¿no?

Lo que es obligado preguntarse esta mañana (si no usted, sí nosotros, que estamos aquí para explicar todo lo mejor que sepamos) es si el Supremo de hace dos semanas era el que estaba en lo cierto y el de ahora es el que traga o es al revés. Si el de hace quince días derrapó y el de ahora endereza el criterio. Por lo menos como pregunta digo yo que tendemos que hacérnosla.

¿Quién gana y quién pierde?

• Pierde el Supremo porque su reputación sale tocada. No por el criterio final sino por el espectáculo que ha dado.

• Pierden los clientes que contrataron su hipoteca hace cuatro años (o menos de cuatro) y que confiaban en poder recuperar un dinerito.

• Ganan los bancos, claro, no sólo porque no van a tener que devolver nada (hacia atrás) sino que quedan liberados de paga el impuesto en adelante.

• Y gana, atención, el Estado que somos todos. Porque no es en la banca, o no sólo, donde anoche se escuchó un resoplido de alivio. Resoplaron los gobiernos autonómicos y resopló el gobierno. Era el Estado quien habría tenido que aflojar entre 2.500 y cinco mil millones de euros, según el cálculo de la ministra de Hacienda.

Cuando hace quince días salió la sentencia usted seguramente pensó lo que casi todos: los clientes hemos estado pagando un impuesto que le tocaba pagar al banco, luego devuélvame usted, banco, mi dinero (que a usted le sobra) y pague usted lo que le toca. Parecía simple, ¿no? Que los bancos suelten la viruta y asunto solucionado.

Luego ya empezó a verse que el asunto tenía un poco más de lío. Porque los bancos, esta vez, sólo podían ser culpables de haber cumplido un reglamento aprobado por el gobierno hace veintitrés años (era Pedro Solbes ministro). Le cobraban el impuesto al cliente para ingresárselo a Hacienda. Y si ahora viene la Justicia a decir que el reglamento no valía, es el banco el que puede declararse perjudicado por una mala gestión del Estado. Que somos todos.

Cinco mil millones, dijo la ministra. Claro, no es lo mismo pensar que a los clientes con hipoteca desde 2014 le van a tener que dar dinero los bancos (a ninguno nos va a parecer mal) que pensar que se lo vamos a tener que dar nosotros, entre todos. Que ahí ya igual apetece menos.

No va a escuchar usted a ningún ministro, ni a ningún gobierno autonómico, fustigar al Supremo por haber reculado en este tema. Bueno, Susana Díaz (en campaña) ha dicho que el tribunal pone los intereses de los bancos por delante de los de los ciudadanos. De los intereses de su administración tributaria no ha dicho nada. Aunque en su mano está devolver el impuesto de actos jurídicos a todos los andaluces hipotecados.

La banca siempre gana.

Pues no siempre, la verdad. En 2017 se dictaron nueve mil trescientas sentencias sobre cláusulas suelo. Nueve mil cien fueron contrarias a la banca. En 2015 se dictaron dos mil seiscientas sentencias sobre preferentes. Dos mil quinientas cuarenta fueron contra la banca.

Es verdad que gana mucho, dinero, cosa que celebran sus accionistas. Pero en los juzgados ganar, lo que se dice ganar, siempre no gana.

A vueltas con decisiones judiciales. Y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Lo de ayer sobre Otegi es un revés para la justicia española, obviamente. No es plato de gusto que te afeen un procedimiento.

Pero una cosa es lo que dice la resolución y otra lo que Otegi dice que dice.

El Tribunal no ha establecido que España sea un estado antidemocrático ni todas esas pavadas que acostumbra a decir este prócer de la paz y las libertades. Tampoco ha dicho que se construyera una causa falsa o que le condenaran por su estrategia de pacificación. En realidad lo que ha dicho Estrasburgo es que en el tribunal que le juzgó por el caso Bateragune no debía haber estado la juez Angela Murillo. Que debería haber sido relevada porque tuvo un incidente previo en otro juicio con este individuo que sembró dudas sobre su imparcialidad.

A la juez le salió decir lo que usted o yo habríamos pensado: cómo iba a condenar Otegi a ETA en 2011 si estamos en 2018 y sigue sin condenarla. Si jamás se le ha escuchado repudiar a la banda a cuyas faldas se crió. Lo que pasa es que la juez no puede decirlo porque empaña su imparcialidad. Y por eso no debió volver a estar, según Estrasburgo, en un tribunal juzgador de este individuo.

Pero ni acusación prefabricada, ni caso falso, ni persecución de la paz y la libertad. El Tribunal ni siquiera obliga al Estado español a compensar de ninguna manera a este sujeto. Que si quiere que le levanten la inhabilitación tendrá que solicitarlo, por la vía legal correspondiente, al Tribunal Supremo.