Estos son los asuntos que hoy hacen vibrar a este país. Y luego ya tenemos lo demás. Lo del gobierno. Ha ido de mejor a peor la semana para Pedro Sánchez. El lunes era el presidente activo, comprometido y solidario que daba el paso adelante de ofrecer refugio a los rescatados de Aquarius —cosechaba un aplauso muy generalizado, rompía con la actitud de esperar y ver, de ir a remolque, del presidente que había antes, se apuntaba un tanto como revulsivo de la política europea—, y el viernes es el presidente al que le ha salido rana un ministro, que tiene a otro imputado y cuyo gabinete está dando muestras de una cierta confusión sobre la situación en que van a quedar, una vez que estén aquí, los rescatados del Aquarius. El ministro Grande Marlaska dijo ayer aquí —-en una entrevista de la que hoy los periódicos aprovechan todo— que se daría a los rescatados el mismo trato que se da a los que Salvamento Marítimo rescata en el mar de Alborán o en Algeciras. Es decir, que se examina cada caso, el que reúne condiciones puede pedir quedarse, el que no, se le devuelve a su país de origen. En un acto en Ávila matizó después el ministro que la ley permite dar un trato excepcional por razones humanitarias a estas personas. Por tanto, y para entendernos, que podría abrirse la mano. Y a última hora de la tarde informó Europa Press que se dará un permiso temporal de tres meses de estancia en nuestro país durante los cuales podrán solicitar el asilo. No se les tratará, entonces, como a los que rescata aquí Salvamento Marítimo. También dijo el ministro por la mañana, aquí, que estos rescatados no serían trasladados a centros de internamiento, los CIE, entre otras cosas porque no cabe allí más gente. Pero luego dijo Carmen Calvo que no es descartable que algunos de los que llegan el domingo terminen en un centro de extranjeros, un CIE. Porque podría ocurrir que algunos de ellos tengan antecendentes penales o prohibida la entrada en nuestro territorio. Ha cundido la impresión de que hay tantos ministerios involucrados en la gestión de este asunto que no terminan de afinar entre ellos cómo se van a hacer, en realidad, las cosas. O cómo se concilia este caso excepcional con el cumplimiento de las leyes de inmigración y extranjería. El afán por ayudar es encomiable. La confusión, seis días después de haber hecho el anuncio y a dos días de que lleguen todas estas personas, debería despejarse cuanto antes. Anunció aquí el ministro su deseo de acabar con las cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla y de utilizar medios menos cruentos para el control de las fronteras. Si no es un cambio de política migratoria, sí es, al menos, un cambio en el discurso que la acompaña. Destacan hoy también los diarios la respuesta que dio Grande Marlaska a la pregunta de si ve algún problema en que sean trasladados a un cárcel catalana Junqueras, Rull, Turull, Romeva. Los reclusos preventivos del procés que ahora están en Estremera, Soto del Real y Alcalá Meco. Y con esta respuesta se organizó otro revuelo. Porque el gobierno dice que la iniciativa le corresponde a Llarena y Llarena dice que la iniciativa le corresponde al gobierno. La tradición es consultar al juez que lleva la causa por si el traslado de prisión le ocasionara dificultades para avanzar en el procedimiento, pero la conclusión es que en cuanto el presidente Sánchez quiera, podrá proceder al traslado de presos. Medida, o baza, que probablemente se reserva para la semana en que se reúna con QuimDeMont Torra en la Moncloa. De momento ha nombrado delegada del gobierno en Cataluña a una veterana del PSC que hizo carrera en las Cortes seis legislaturas: Teresa Cunillera. Partidaria, como Iceta, de la reforma constitucional, de la España federal y del traslado de los reclusos a cárceles catalanas. Lleva una semana gobernando el presidente. Ha llegado a la Moncloa aceleradamente y contra pronóstico. No se puede esperar que todo le salga redondo a la primera, naturalmente. Gobernar es ir aprendiendo de los errores y los derrapes. Pero en estos primeros días lo que se está poniendo a prueba es la coherencia entre lo que se dijo y lo que se hace. Sánchez se puso a sí mismo obligaciones cuando ejercía como líder de oposición. Alguno de sus ministros se lo recordó, lealmente, la mañana del miércoles: si dijiste que no mantendrías contigo ni un minuto a quien hubiera creado una sociedad para pagar menos impuestos no puedes mantener a Máxim Huerta ahora que se ha sabido que justo eso es lo que hizo. Ahora es el ministro Planas el que pone a prueba la coherencia del presidente. Otro listón que puso alto cuando escribió, en vísperas de la campaña electoral de 2015, que él nunca abriría despachos ministeriales a imputados. El tuit con el que ahora el PP le está martilleando. Sánchez, el opositor, escribió aquello a cuento (creo recordar) de la visita que le hizo Rodrigo Rato, imputado, al ministro del Interior Fernández Díaz en su despacho. "Nunca abriré despachos ministeriales a imputados" quería decir que sus ministros, los de Sánchez, nunca recibirían a imputados. Y si nunca abriría los ministerios a imputados, cabe pensar que mucho menos se los daría. Nunca un ministro imputado. ¿Este Planas qué ha hecho? Pues según él, nada. Fue consejero de Agricultura de Andalucía hace cinco años. Y ha sido investigado por un juzgado de Huelva por un presunto robo de agua. Dices: ¿la robaba él mismo? ¿Un ministro roba aguas? No, no es ése el caso. La investigación trata sobre unos empresarios agrícolas que recibieron autorización de las administraciones para cultivar fresa en un paraje de Almonte. Y que, para regar los cultivos, utilizaron pozos en sus parcelas. El problema es que en ese paraje los recursos hídricos están protegidos, porque afectan a Doñana, y la Junta de Andalucía ni inspeccionó las parcelas ni impidió que se sacara el agua del subsuelo. El señor Planas, hoy ministro, está imputado en la causa. Eso es un hecho. El gobierno se ha aplicado al control de daños con cierto éxito: la noticia la publicó El País ayer en una columnita discreta y con un título que destacaba no que el ministro esté imputado, sino que está a punto de dejar de estarlo porque la fiscalía finalmente no le va a acusar. Como el ministro dijo ayer. ¿Hay problema o no hay problema? Pues hombre, el problema, hoy es que le han hecho ministro teniendo una imputación vigente. Es posible, incluso probable, que el juez levante la imputación en un futuro próximo, pero hoy imputado está. Como dijo un célebre editorial de El País cuando fue imputado Francisco Camps y Trillo intentó colocar unas disquisiciones sobre los distintos tipos de imputación, imputado es imputado. De modo que lo que ha de explicar el gobierno no es lo que va a hacer o dejar de hacer la fiscalía —eso déjenselo al ministerio fiscal— sino por qué, sabiendo que esa imputación existe, el presidente Sánchez ha entendido que no es obstáculo para tener de ministro a Planas. Es decir, aprovechar la oportunidad que tiene el presidente para rectificar al Sánchez de otros tiempos y aclararnos a todos que haber sido imputado por un juez no siempre significa que hayas hecho algo malo ni que tengas que dejar el cargo.
