Primero fue Gil Albert, luego Burón Barba, Javier Moscoso, Leopoldo Torres, el inefable Eligio Hernández, Granados-Úrculo-Cardenal, en la etapa Aznar, Conde Pumpido gobernando Zapatero y Eduardo Torres Dulce los últimos tres años.
Ahora llega la primera fiscal general, o fiscala. Consuelo Madrigal, que viene de ser fiscal de sala, es decir, integrante de la cúpula del ministerio fiscal. Cabe hablar, casi, de una promoción interna. No pertenece a ninguna de las asociaciones de fiscales y no consta que tenga una relación particularmente estrecha con ningún partido político, como tantos otros fiscales, por otra parte.
Cuál de los elementos que adornan su currículum, su personalidad o su talante han decantado la balanza de su lado --por qué ha sido ella la elegida-- el gobierno, que es quien la escoge, no lo ha contado. En realidad, ningún gobierno lo cuenta nunca. Subrayan la preparación profesional del escogido, su impecable trayectoria y su encomiable entrega, pero nunca el por qué ha sido finalmente él, o ella, entre otros posibles aspirantes con los mismos méritos, quien se ha llevado el gato al agua.
¿Es porque es mujer y ya tocaba, porque es conservadora como dicen algunos perfiles publicados, porque otros que fueron sondeados antes dijeron que para un año que queda de legislatura, pase de mí este cáliz? Pues no se sabe. ¿Quién se ha encargado de buscar sucesor a Torres Dulce, el ministro de Justicia, la vicepresidenta, ha participado en las gestiones algún cargo relevante del poder judicial, desde cuando están ofreciendo el cargo? Pues tampoco se sabe.
A Torres Dulce se lo propuso Alberto Ruiz Gallardón, hace tres años, se conocían y se respetaban mutuamente desde hacía años y se encargó de contar el fiscal en su entorno íntimo que él le había puesto una condición al ministro: trabajar no sólo con autonomía, como dice el papel, sino con independencia real, comparta o no sus criterios el gobierno que lo ha propuesto. Ése fue el pacto y ése acabó siendo el problema. Para el fiscal y para el ministro, al que le pasaban factura, en Presidencia, por haber escogido un nombre “demasiado” independiente, que es como los gobiernos llaman a ser independiente a secas.
Fiscal y ministro, Torres Dulce y Gallardón han acabado desfilando casi al mismo tiempo. Ambos son historia. Y si para Rafael Catalá, sucesor del ministro, es una faena que comparen su peso político con el del antecesor --porque Catalá nunca ha aspirado a tener peso político alguno, y en ello sigue-- para Consuelo Madrigal es un engorro suceder a un fiscal general que se ha ganado fama de consecuente e indomable. No porque ella no pueda serlo --que lo vamos a ver-- sino porque basta que tome ahora alguna decisión que el gobierno aplauda para que se le cuelgue la etiqueta de viceministra, es decir, subalterna del ministro que a su vez es subalterno de la presi y vicepresidencia. Es más fácil suceder a Eligio Hernández, oiga, a poco que hagas vas a ser considerado serio y profesional.
Consuelo Madrigal como fiscal de sala y miembro de la cúpula es sobradamente conocida por los que están en ese ámbito profesional y no se escuchó hoy a nadie dudar de su capacidad y su competencia. Bien al contrario, parece que cuenta con buen cartel. A la vez, Consuelo Madrigal es una incógnita. Se la conoce como fiscal de sala; está por conocer como fiscal general del Estado, que es un puesto que a la aptitud profesional (criterio jurídico y dirección de equipos) añade la aptitud para lidiar con unas cuantas cosas que no son, en sentido estricto, profesionales.
La principal de ellas, la inevitable vertiente política (y el debate mediático) que tienen algunas de las decisiones que te corresponde tomar. La llamada que te hace no sólo el ministro de Justicia, sino el presidente del Poder Judicial, o un presidente autonómico, o un director de periódico, para interesarse por tus planes respecto de algún asunto delicado y compartir contigo, amigablemente (o no) sus puntos de vista. Éste es el añadido del cargo ---mejor no lo llamemos, para no incomodar, servidumbres--- que hasta que no empieza a ejercer su nuevo responsable no es posible saber cómo torea. Uno sólo puede ser independiente si tiene, para empezar, voluntad de serlo.
Madrigal apoyó, como todos los fiscales de sala, la querella que ordenó su antecesor, hace un mes, por prevaricación, desobediencia y usurpación de funciones contra Artur Mas. Torres Dulce dejó este asunto resuelto a la espera de que el Tribunal Superior de Cataluña --próximo lunes-- decida si tiene a bien aceptarla y proceder en consecuencia (“señor Mas, véngase usted a declarar”) o la tira al cesto. Caso de que la querella no prospere --pronóstico que hizo en privado el propio fiscal dimisionario-- el revés será endosado al que ya se fue, Torres Dulce, dejando abierta la duda de si no habrá sido la intuición de que van a tumbársela el lunes una de las razones de que su renuncia se haya consumado.
Josu Mezo le llama pre-riodismo a esta mala práctica que tenemos, cada vez que hay consejo de ministros, por ejemplo, de presentar como un hecho lo que no pasa de ser un futurible, un proyecto. En rigor, la señora Madrigal sigue siendo lo mismo que era, fiscal de Sala, pero a la vez, es seguro que el puesto de fiscal general lo desempeñará ella. ¿Por qué? Porque el procedimiento que “ahora se pone en marcha”, como dijo hoy la vicepresidenta del gobierno, consiste en que, una vez que el poder ejecutivo (gobierno) plantea un nombre, el poder judicial (consejo) se pronuncia sobre el mismo y el poder legislativo (parlamento) examina si es idóneo.
Formalmente, por tanto, son los tres poderes los que participan de la elección. Formalmente. Porque ni el Consejo del Poder Judicial va a rechazar la propuesta que le hace llegar el gobierno ---carece de argumentos para hacerlo porque Madrigal cumple con los requisitos: es jurista y tiene currículum--- ni el Parlamento en el que el grupo gubernamental goza de mayoría absoluta va a hacer otra cosa que lo que hace siempre: bendecir los proyectos que le hace llegar la Moncloa.
Será fiscala general del Estado, la primera. Y sólo si ella lo desea, será independiente, como la ley señala, de lo que quiera o deje de querer el gobierno que en ella se ha fijado.
