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OPINIÓN

Monólogo de Alsina: "Los procesados están a punto de dejar de ser presuntos para convertirse en delincuentes"

A unas horas de que el Tribunal Supremo establezca, en la que va a ser la sentencia más analizada de todos los tiempos, qué fue –-en términos jurídicos, penales-- lo que hizo la cúpula del movimiento independentista en 2017 (Junqueras, Forcadell, los Jordis), una primera conclusión está a la vista: delitos hubo. Esto que proclamó Junqueras es, para el tribunal, mentira.

Carlos Alsina
  Madrid | 14/10/2019

Nada más lejos de la realidad. Sí que hubo delitos. Graves. La sedición lo es. La malversación de dinero público lo es. Toda la moralla argumental que amontonaron los acusados para presentarse como los leales cumplidores de un mandato popular legítimamente expresado queda liquidada por el tribunal. Fuera de las vías legales se alzaron tumultuariamente para impedir la aplicación de las leyes.

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Los procesados, por ello, están a punto de dejar de ser presuntos para convertirse en delincuentes. Y se consumará entonces la aberración política que parece contar con la bendición de casi la mitad de los catalanes: los dos partidos que gobiernan Cataluña estarán dirigidos por un delincuente condenado (Junqueras) y por un huído de la Justicia que hoy también estaría condenado de no haberse escapado (Puigdemont). Tienen sentados en el Palau de la Generalitat a sus dos delegados, Joaquim Torra y Pere Aragonés, pero los partidos los lideran ellos. Los autores de graves delitos.

En lo esencial, que es la calificación de los hechos, la sentencia ya sabemos lo que va a decir porque se filtró este fin de semana. Si esa filtración fue fruto de la vanidad de alguno de los magistrados o de una maniobra para dosificar el impacto en la opinión pública puede parecer hoy relevante pero nadie se acordará de ello a la vuelta de unas semanas. Pronto iremos sabiendo cómo discurrieron las deliberaciones y si el empeño en que la sentencia fuera unánime ha permitido que decayera la condena por rebelión, la más grave posible. Es decir, si habiendo mayoría de jueces a favor de condenar por rebelión, acabó emergiendo la sedición como elemento de consenso. No por convicción de la mayoría sino por convicción de que sería peor que hubiera discrepancia por escrito de tres jueces.

Lo principal, hoy, va a ser conocer cuáles son las penas que les caen a los procesados, qué opciones tendrán de ahora en adelante para salir de prisión o eludir el cumplimiento íntegro de esas penas y, sobre todo, cuál es la doctrina del Supremo respecto del alzamiento contra la legalidad democrática. Éste es el núcleo de los quinientos folios que, al parecer, tiene la sentencia y éste es el asunto de fondo: si la operación que diseñó, financió y ejecutó un gobierno autonómico para construir una apariencia de legalidad (las leyes insconstitucionales, el referéndum) en la que ampararse para declarar la ruptura de la soberanía nacional y de la integridad territorial de España (eso es declarar la independencia) fue un ataque contra la Constitución o sólo lo fue contra la aplicación de las leyes. Fue un delito contra la Constitución o fue un delito contra el orden público.

Esto es lo que hoy sabremos cómo argumenta el Tribunal Supremo. La letra pequeña de la sentencia que, en esta ocasión, va a ser la grande.

Para la fiscalía, así lo dijo Javier Zaragoza, lo de Junqueras y Puigdemont fue un golpe de Estado. Para la abogacía del Estado fue un ataque al orden público.

Y en esta pugna jurídica entre la fiscalía y la abogacía gana el pulso la segunda. Aunque en la pugna fundamental, que era entre las acusaciones y las defensas, pierden los abogados defensores. Ninguno obtiene la absolución de sus clientes por-que ninguno ha convencido al tribunal de que allí sólo hubo un ejercicio político de la libertad de opinión.

Tres preguntas a las que habrá de dar respuesta en cuanto la sentencia esté firmada:

· Primera, ¿qué pasa con Puigdemont? El cabecilla de la sedición que se largó de España --después de aquel baño de masas que se dio en Girona-- para no tener que presentarse en un juzgado. Un minuto antes de que la fiscalía formalizara su denuncia, y habiendo engañado a sus propios compañeros de gobierno, el profeta se evadió. Lleva dos años fuera del alcance de la justicia española. Lo previsto, una vez que se da por probado el delito de sedición atribuible también a él (o antes que nadie, a él) es que se reactive la euroorden para que este individuo sea evacuado del sofá de Waterloo y entregado a los jueces españoles.

· Segunda, ¿cuándo podrían disfrutar de un régimen de libertad condicional los condenados? La fiscalía, por lo que se sabe, no ha conseguido que el tribunal obligue a tener cumplida la mitad de la pena antes de poder poner un pie en la calle. Lo que abre camino a que el tercer grado se les aplique antes y con el margen de actuación que corresponde al juez de vigilancia penitenciaria y a la dirección de la cárcel. Que será Lledoners, cárcel catalana gestionada por la Generalitat de Torra.

· Y tercera, ¿qué pasa con las listas electorales que hoy van a ser proclamadas por las juntas electorales? La de Esquerra en Barcelona la encabeza Junqueras, inminente condenado e inhabilitado. La de Junts, los puigdemones, la lidera Jordi Sánchez, inminente condenado e inhabilitado.

Y queda una pregunta más: hasta dónde querrán llegar los líderes del movimiento nacional independentista en la agitación de la calle; hasta dónde querrán llevar los cdr aplaudidos por el president sus algaradas, sus desórdenes públicos y su hacerle la puñeta al ciudadano corriente. Le llaman desodediencia pacífica a impedir que usted tome el tren en Sants o circule con normalidad por la autovía. Le llaman resistencia a poner a prueba la paciencia del personal.