Déjenme que les cuente una historia. (Es muy corta, ya verán). Había una vez un gobernante, comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, que sentía verdadero placer cada vez que daba una entrevista. El placer que le producía dejarse preguntar en la televisión, y la radio pública, le llevó una mañana de noviembre de 2019, en el final de una campaña electoral, hasta el estudio del periodista Iñigo Alfonso para disfrutar del placer de responderle. Una de sus respuestas pasó a formar parte de la selección de frases escogidas que, grabadas en mármol, constituyen hoy la memoria democrática de estos últimos siete años de gobierno en España. Todo el mundo recuerda aquella respuesta, que en realidad fue una pregunta.
Pero casi nadie recuerda cuál era la pregunta que le había hecho el periodista y el asunto sobre el que versaba. Hoy que, seis años después, aquel gobernante trata al fiscal general del Estado no solo como si dependiera de él, sino como si fuera un ministro más de su Gobierno de combate, tiene gracia recordar de qué presumía exactamente Pedro Sánchez la mañana que le dijo a Íñigo 'la fiscalía de quién depende'.
Porque el presidente, en esto no ha cambiado, se estaba colgando una medalla. Se aplaudía a sí mismo por haber ordenado a la fiscalía que reclamara la detención de un ciudadano pendiente de juicio por delitos graves. El Tribunal Supremo de España, dos meses antes, había emitido sentencia condenatoria por el caso del procés. El presidente no solo había prometido hacerla cumplir íntegramente, sino que llegada la campaña electoral, y en debate televisado, se lanzó a prometer que él traería a España para ser juzgado al cabecilla de aquella rebelión.
Fue al día siguiente de asumir ese compromiso cuando el gobernante -comprometido también, según dijo, a no gobernar jamás con Podemos- compareció placenteramente en el estudio de Radio Nacional. Lo que le preguntó Iñigo Alfonso es cómo pensaba cumplir la promesa de traer a España a Puigdemont si entre sus competencias no estaba andar deteniendo gente en el extranjero. Y aquí fue donde Íñigo le objetó que la fiscalía general era la fiscalía general, pero que él lo había prometido como si fuera cosa suya.
Pues lo estamos haciendo. ¿El qué? Traernos a Puigdemont. ¿Quiénes? El Gobierno, que es quien maneja la fiscalía. Perdón por el ejercicio de memoria democrática pero me parecía pertinente. Sánchez no presumió de controlar la fiscalía, presumió de ir a traerse a Puigdemont al juzgado fiscalía mediante. Solo han pasado seis años. Seis años que han sido un mundo.
Al presidente tuvieron que explicarle que el fiscal general no es pelele a sus órdenes. Es decir, la Constitución que apenas tenía leída. Y le explicaron también que aunque no ha habido gobierno en España que no haya querido tener a la fiscalía atada y bien atada, no es políticamente aceptable exhibirlo porque reduces al fiscal general, en efecto, a la condición de pelele. Tu pelele.
Al presidente tuvieron que explicarle que el fiscal general no es pelele a sus órdenes
Seis años después, el gobernante no deja pasar un día sin referirse al Fiscal General del Estado como un soldado más de su equipo de oposición a la oposición y neutralización de causas judiciales incómodas. Seis años después, el gobernante, que ya dejó de estar comprometido con la transparencia, con sus obligaciones constitucionales y con sus promesas electorales, se ha apropiado indebidamente del fiscal general del Estado y se esfuerza en presentarlo como un damnificado más de la conspiración universal contra el sanchismo.
Con la cooperación imprescindible, manso y dejándose hacer, del propio fiscal general, tan identificado con la causa que se ha negado a ver lo que para la mayoría de la sociedad es una evidencia: que incluso si es inocente y el Supremo acabara exonerándole del delito de revelación de secretos, estando ahora procesado y en puertas de juicio lo prudente sería renunciar al sillón en lugar de atornillarse.
Aunque sólo fuera para que el trabajo de la fiscalía, plasmado en su memoria anual, no lo defendiera mañana en el Supremo alguien que borró sus dispositivos electrónicos al saberse investigado y al que en breve veremos sentado en un banquillo. La solemne apertura del año judicial, mañana, va a llegar medio minuto antes de que le llegue a él la solemne apertura de juicio.
La situación es inédita. Y perfectamente legal. Tan legal el procesamiento del fiscal general como su permanencia en el cargo, por ahora. Hace un año fue él quien subrayó su obligación de rendir cuentas.
Los enemigos del presidente
La causa judicial sobre García Ortiz es una de las tres que ha irritado al presidente y sus ministros en el último año. Las otras dos son Begoña Gómez y David Sánchez Pérez-Castejón. La esposa, el hermano y el fiscal general de cabecera. Estos son los jueces a los que Sánchez imputa, sin dar nombres, hacer política. Entiéndase que para el político jefe, hacer política es lo peor que se le puede achacar a un juez.
El gobernante exige al juez que no abuse del poder que tiene en su juzgado utilizándolo para obtener réditos políticos. Pero el gobernante nunca se va a exigir a sí mismo abstenerse de abusar del poder que tiene para intoxicar a la sociedad con versiones sesgadas, torcidas o directamente falsas sobre las resoluciones judiciales. Sostiene el Gobierno que la mayoría social opina, como Sánchez, que estos tres jueces prevarican.
Lo hace sin poder presentar una sola encuesta que diga semejante cosa. La última que se publicó sobre García Ortiz decía que al 62% de los ciudadanos le parece conveniente que se aparte. Claro que también dijo ayer el ministro Albares, en este programa, que el 80% de los españoles celebra que Illa se haya visto con Puigdemont en Bruselas. No encontrará una encuesta que diga semejante cosa. Pero hacer estimaciones demoscópicas erróneas es gratis: la prueba es que Tezanos sigue al frente del CIS, otro soldado del equipo de combate.
Mañana, el fiscal general, porque lo sigue siendo, leerá su discurso ante el rey, la presidenta del Poder Judicial y los jueces del Tribunal Supremo. La situación será paradójica, pero no dramática. Incómoda para algunos de los presentes, pero no trágica. No se abrirá el suelo a sus pies ni temblarán las vigas maestras del monasterio de las Salesas.
Feijóo se borra
La ceremonia empezará y terminará como todas las anteriores. Y Feijóo se la va a perder porque no le apetecía estar. Feijóo se borra. Y lo avisa porque, de no avisarlo, igual nadie habría reparado en que no estaba. Ha usado como excusa que tenía ya un acto previsto con Ayuso, qué le vamos a hacer. Hombre, si quieres ausentarte de un acto como protesta, por lo menos dilo abiertamente, no te andes tapando. ¿A quién le protesta Feijóo?
Porque el acto de mañana no lo organiza el fiscal general. No es un homenaje a García Ortiz. Tampoco es un acto del Gobierno. El acto es del Tribunal Supremo y el Consejo del Poder Judicial. Presidido por el rey. A quien das plantón no es a Sánchez, es al Supremo y al rey. Qué habría dicho el PP si Sánchez se hubiera ausentado de un acto institucional con el rey en protesta porque hubieran invitado, qué te digo yo, a Ayuso.
