Yo al ver a esta señora tan pletórica con su coche de policía, sus esposas y su canesú, me acordé de la otra señora a la que habían sacado antes en el informativo. Que no tiene 102 años, sino sesenta. Y cuyo sueño es verse coronada como la Juana de Arco de la Ciudatella. Carme Forcadell, presidenta independentista del Parlamento (de mayoría independentista) de Cataluña.
Si en algún momento de sus ensoñaciones más épicas disfrutó la señora Forcadell imaginándose arrestada, y esposada y conducida a la comisaría, abandone toda esperanza porque, a día de hoy, ni siquiera ha sido acusada de nada por la fiscalía. Menos aún por el Tribunal Constitucional, cuyos magistrados le han pasado la patata caliente al fiscal y se han quitado de en medio: no tienen la menor gana de complicarse la vida suspendiendo de sus funciones a la señora.
Hagamos, si les parece, un poco de memoria para ver en qué punto estamos:
• El rodillo independentista del Parlamento catalán —la absolutísima— dio ayer un paso más (o el mismo paso de siempre) en su empeño por romper la vigencia del ordenamiento constitucional en Cataluña. El pasado noviembre, nada más constituirse, la alianza rupturista que forman Esquerra, Convergencia y la CUP aprobó una declaración de insubordinación al Tribunal Constitucional. El proceso de desconexión, lo llamaron. Que, en síntesis, decía que la única ley que debe ser aplicada es la que ese parlamento autonómico decida. Y que al Constitucional, y a la Constitución, pueden darle morcilla. O butifarra.
• Naturalmente el Constitucional dijo que aquello no tenía un pase, anuló la proclama y apercibió —interesante verbo, apercibió— a 21 altos cargos del gobierno y el parlamento catalán de las consecuencias penales de no acatar la resolución dictada. No pareció que ninguno de los apercibidos se inquietara. Porque en julio, sabedora de que el Parlamento que preside no tiene competencias para decidir nada que afecte a la integridad territorial de España, Carme Forcadell admitió no sólo el debate sino la votación sobre la hoja de ruta hacia la independencia. ¿Qué le pasó en aquel momento? Nada. ¿Qué le ha pasado ahora? Nada, en realidad. El Constitucional dice que aquello no estuvo bien, ay ay ay, pero que no le corresponde a él valorar si incurrió en ilícitos penales. Que la fiscalía se ocupe. Utiliza así el Tribunal uno de los instrumentos que tiene para hacer cumplir sus resoluciones (lo que se llama deducir testimonio y enviar el tema a Fiscalía) pero se abstiene de utilizar otro: la suspensión en sus funciones de quien incurra en incumplimiento.
Ha pasado ya un año desde la primera declaración de rebeldía sin que ninguno de los apercibidos haya vuelto a tener noticias ni del Tribunal ni de nadie. Y ayer, a mayor gloria de un Puigdemont que le va a prometer a la CUP abrir una embajada en la luna, si es preciso, el mismo Parlamento reincidente le puso fecha a un referéndum de autodeterminación que no está en su mano convocar y que sólo sirve para atornillar un poco más el procés y poner en evidencia que ignorar al Constitucional, hoy por hoy, sale gratis.
Referéndum por las bravas valga o no valga. Si la CUP exige compromiso de referéndum, pues compromiso adquiere Puigdemont. Hay que saciar la sed independentista aunque sea con agua adulterada.
