Monólogo de Alsina: "Nunca saldrá de Torra la convocatoria de un referéndum ilícito que pueda complicarle su plácida vida de presidente de pega"

Como el de hace un año, que es el faro que ilumina su camino.

Lo que le pasa a Joaquim Torra es que ya todo el mundo le ha cogido la medida. Sobre todo los suyos. Que saben que habla y habla y habla, pero que nunca saldrá de él la convocatoria de un referéndum ilícito ni ninguna otra temeridad que pueda complicarle su plácida vida de presidente de pega. Mucho menos abrir la puerta de la cárcel a estos reclusos que él considera secuestrados por el Estado. Su deseo de convertirse o en prófugo o en mártir es manifiestamente mejorable.

Hoy, a la manera del once de septiembre, el independentismo va a conmemorar un fracaso.

Si en la diada se recuerda la derrota de la Barcelona del archiduque ante el Ejército del Borbón, el primero de octubre se celebra que Puigdemont y Junqueras consiguieron llenar de urnas los edificios oficiales y llenar de papeletas inservibles esas urnas, construyéndose a sí mismos una historia novelada, y ficticia, según la cual el pueblo ya había hablado y les había impuesto la tarea de proclamar, un mes después, la amputación de España (también llamada separación de la Nueva República catalana). Qué exultante estaba Puigdemont, qué noche la de aquel año.

No hace falta insistir en el hecho de que, un año después de aquel referéndum ilícito cuyo resultado nadie reconoció Cataluña sigue siendo una comunidad autónoma —nacionalidad histórica— que forma parte del Estado español. Y que ese Estado tiene como máxima representación en Cataluña a este señor que dice, de boquilla, que habrá que hacer otro primero de octubre pero que, como mucho, lo que hará es convocar elecciones anticipadas. Hay un gobierno autonómico, como lo había hace un año, con la diferencia de que éste de ahora carece de personalidad, está al albur de lo que vayan ordenándole Puigdemont, desde Waterloo, y Oriol Junqueras, desde Lledoners, y carece sobre todo de proyecto. El de 2017 había aprobado por las bravas leyes inconstitucionales para hacer un referéndum ilícito y acabar proclamando la independencia. El de ahora aspira a firmar con el gobierno central más inversiones, a concentrarse-y manifestarse-y asistir a actos de homenaje a todas horas, y a meterle presión a jueces y fiscales a ver si así consiguen la libertad condicional de los reclusos procesados. Procesados por todo aquello que hicieron hace un año. Y que no ha tenido más consecuencia práctica que la fuga de Puigdemont, el encarcelamiento preventivo de Junqueras, Romeva y Forcadell y la ruptura de la candidatura única que presentaron Convergencia y Esquerra en 2015. Ya no hay Junts pel Sí. Junqueras ha abortado la posibilidad de candidatura única a las europeas postulándose él como candidato. Y con la CUP está ahora a tortas el gobierno Torra porque a su consejero de Interior, señor Buch, se le ocurrió ordenar a los mossos de esquadra que impidieran que los manifestantes alentados por la CUP y los CDRs se enfrentaran en la calle a los policías que se manifestaban convocados por Jusapol. Los mossos sacaron las porras con la misma contundencia con que las han sacado siempre pero esta vez los golpes se los llevaron algunos manifestantes independentistas. Y eso, para la CUP, convierte al consejero Buch en un traidor que se ha alineado con el españolismo y con las cargas policiales.

Sólo hay que ver la reacción del consejero, abrumado por la acusación, para entender su agonía: lo primero que ha dicho es que la manifestación de Jusapol a él le desagrada enormemente, no vaya a pensar alguien que tiene dudas sobre dónde está el bien y dónde, el mal españolista. Pero claro, que es que la Constitución ampara la libertad de manifestarse para decir uno lo que quiera, incluido decir que los policías nacionales que participaron en el operativo de hace un año y han sido denunciados en un juzgado son inocentes. Y lo segundo que ha dicho el consejero es que no es correcto llamar carga policial a los mossos haciendo retroceder a manifestantes con la cara tapada porque carga policial fue lo de hace un año, no lo que ha ordenado él.

Cargas policiales, entiéndalo usted, sólo hace la policía española. No los mossos, que son los nuestros y que cuando sacan la porra es para mantener cordones.

¿Y lo de Villarejo cómo va?

Pues el gobierno ha puesto en pie el argumentario de la dignidad del Estado y la no cesión a los chantajes. No es muy novedoso (se lo inventó, en realidad, Felipe González hace dos décadas) pero sí es vistoso. Le permite a Pedro Sánchez no comentar ni media sobre lo que se escucha en las grabaciones Villarejo. Él se limita a decir que no hay que ceder, y marca el camino para que los medios afines den lecciones de responsabilidad al resto sobre qué es importante y qué no lo es. Denuncien ustedes que Villarejo controla la difusión de sus grabaciones a través de digitales amigos en lugar de dar tanto aire a lo que se escucha en sus malditas cintas.

Ésta es la idea.

Y ésta es la trampa.

Pretender que tenemos que elegir: o ser ciudadanos responsables que desprecian a Villarejo y todo lo que sale de su cloaca máxima, o atender a lo que tiene grabado en su fonoteca incurriendo en el terrible pecado de hacerle el juego.

El escándalo total es, en efecto, Villarejo. No porque estemos ante un individuo que ha utilizado métodos presuntamente delictivos para hacerse de oro y practicar el juego sucio, sino porque todo eso lo hizo a la vez que trabajaba como policía con el visto bueno de sus jefes y el compadreo y las felicitaciones de los cargos políticos que por allí fueron pasando. Directores generales de la policía, secretarios de Estado y ministros del Interior. Muchos ministros de todos los colores.

No se ha escuchado todavía a uno solo de esos ministros que salga a hablar en público, y a pecho descubierto, sobre las andanzas del comisario y los servicios tan impagables que realizó para el Estado. O cómo lo uno, los servicios al Estado, le servía de blindaje para lo otro, las actividades delictivas (presuntamente) y presuntamente extorsionadoras.

Pero siendo eso lo más hondo —los comportamientos mafiosos tolerados e incentivados dentro de la propia administración— no hay por qué separarlo de lo otro: la información que, en efecto, fue acumulando el comisario en su compulsivo consumo de cintas de cassette y tarjetas de memoria para sus grabadoras. Ya sabemos cómo obtuvo lo que ahora va saliendo. Pero eso no convierte ni en falso ni en irrelevante todo lo que salga. Más bien al revés. El hecho de que haya permanecido oculto durante tantos años hace pensar que a la opinión pública le han podido faltar piezas interesantes para entender cuestiones que merecieron, en su día, grandes debates. Las piezas del puzzle que muchos años después ayudan a comprender los intereses de unos, la personalidad de otros, las alianzas bajo cuerda que establecían para perjudicar a algunas personas y para salvar de la quema a otras. O las iniciativas judiciales, denuncias que presentaban ciudadanos corrientes y que servían para que el juez de turno abriera luego un sumario con impacto mediático.

Claro que hay seres muy poco recomendables que atesoran información muy relevante. José Amedo sabía todo lo que sabía de los Gal porque formó parte de ellos, o sea, del terrorismo de Estado. Y usó la información que tenía, la manta de la que tirar, para presionar al gobierno y que le procurara un buen abogado y una salida. Perote Pellón fue condenado por revelar secretos obtenidos por el Cesid, pero eso no quita que fueran verdad, y que fueran graves, los hechos que a partir de él se conocieron: la cintateca con escuchas ilegales a todo bicho viviente o la implicación de altos cargos en la guerra sucia contra ETA.

De métodos repugnantes, e ilegales, pueden salir revelaciones muy pertinentes. Asquearse de lo primero no obliga a silenciar lo segundo.