Monólogo de Alsina: "ETA se disuelve después de haber quedado disuelta por la eficacia policial y judicial"

Y un concejal se tambalea por haber encargado a un terrorista colombiano la promoción turística del pueblo en youtube.

El concejal se llama Pascual Díaz y ha demostrado ser un hombre poco informado. Éste no había visto Narcos. Ni se sabía la historia de Pablo Escobar, el narco-terrorista colombiano.

En su ignorancia Pascual pensó que era una buena idea que uno de los clientes de un amigo suyo que es abogado subiera unos vídeos a youtube contando las maravillas que ofrece Carboneras. El cliente en cuestión no es almeriense sino colombiano, como Escobar. Y aunque ahora se presenta a sí mismo como youtuber antes fue sicario y asesino múltiple a las órdenes de otro asesino múltiple, Escobar. Jon Jairo Velásquez, alias Popeye.

Encargar la promoción de tu pueblo a un criminal asesino mútiple no parece una idea muy brillante. Y alegar que no sabías quién era cuando él mismo se presenta en el vídeo como el asesino de confianza de Pablo Escobar Gaviria tampoco resulta muy inspirado.

A estas horas ya ha entendido Pascual que hacerse llamar Popeye —como hacerse llamar Pakito, o Popoto, o Dienteputo— no le convierte a uno en un personaje simpático y bondadoso que come espinacas y suspira por Olivia.

Popeye es un perfecto indeseable. Como lo fueron Pakito y Fitipaldi. Como él, asesinos múltiples.

No tratas a un criminal como si fuera el comité de festejos de tu pueblo salvo que el pueblo sea Andoain y el criminal esté acusado de ayudar a matar a Joseba Pagazaurtundúa. No consideras a Pablo Escobar como un héroe popular salvo que compres el argumentario del cártel de Medellín sobre la existencia de un conflicto político y social que justificó el surgimiento del crimen organizado.

En los vídeos que ETA ha preparado para rendirse homenaje a sí misma ahora que se disuelve no sale Popeye pero tampoco desentonaría si saliera.

La banda criminal se disuelve. Después de haber quedado disuelta por la eficacia policial, la eficacia judicial y la eficacia que tuvo dejar a Batasuna fuera de la legalidad democrática (de las instituciones, del presupuesto público) mientras no rompiera con el terrorismo. La ley de partidos.

Sólo falta saber si en los vídeos estos que han grabado usan todavía la capucha o se anima a salir Josu Ternera a cara descubierta. La cantinela que van a entonar ya nos la sabemos: que el pueblo vasco sufre un conflicto, que ellos cumplieron con su misión histórica de hacerlo visible, que ha habido mucho dolor en las dos partes y que una vez más son ellos los que tienen la generosidad y la altura de miras de abrir camino a la pacificación dando por concluida su tarea provindencial al servicio de Euskalherría. Alabada sea ETA.

Si en el vídeo van a soltar todo esto, casi mejor que salgan con el trapito ése blanco con dos agujeros que usan para taparse la cara, la txapela talla XL y el pin de la serpiente y el hacha. Que usen todo el kit del terrorista encapuchado para que se digiera mejor la insoportable verborrea.

Una semana después de la sentencia de la Audiencia de Navarra sobre La Manada, y en la multitud de declaraciones que cada día se siguen escuchando al respecto, dos cosas interesantes que se dijeron ayer:

• Una, del Parlamento europeo. La recomendación de que los países que formamos la Unión castiguemos todos de la misma manera la violación. Y, para ello, tengamos también los mismos tipos penales. Estos días hemos visto que hay países donde drogar a una mujer y abusar de ella se llama violación y otros, como el nuestro, donde se llama abuso sexual. Despejemos el panorama y clarifiquemos las cosas. Si todo acto sexual no consentido es violación, pongámoslo así en la ley de todos los países europeos. Castiguemos igual, porque todo es violación, al asaltante sexual que emplea la violencia explícita, al que utiliza drogas para anular a su víctima, al que se vale de su complexión física o al que se vale del parentesco que tiene con la agredida. Llamémosle, en la ley, violación a todo y castiguemos con la misma severidad todos esos comportamientos.

• Segunda idea interesante: ésta que lanzó ayer Manuela Carmena. Dado que el poder judicial es uno de los tres sobre los que está construida nuestra sociedad, que se abra el poder judicial a recibir también a representantes de la sociedad cuando estos tengan quejas, dudas o propuestas que hacer para entender mejor las sentencias que se emiten. El Consejo General del Poder Judicial encarna, ante los ciudadanos, a ese poder del estado. No le resulte entonces tan anómalo al Consejo tener que poner algo de su parte para hacerse entender, más allá de defender la independencia y el respeto que se debe a las decisiones de los tribunales. Puede empezar por recibir a Catalá a ver si se aclaran con los problemas particulares.

Estas dos son ideas fundadas y que buscan clarificar y comprender, que visto lo visto es bastante necesario.

Luego ha habido otras dos declaraciones a las que nada habría que objetar si no se hubieran presentado como una enmienda a la totalidad a la sentencia de Navarra.

• La primera, de la portavoz de las Naciones Unidas. Una señora que se llama Purna Sen y de cuya buena voluntad y compromiso con los derechos humanos no hay por qué tener duda. Sí cabe dudar, en cambio, de su grado de conocimiento real sobre la sentencia española. Sostiene la portavoz de la ONU que la condena es leve (esto es discutible, claro, nueve años pueden parecer pocos o muchos dependiendo con qué se compare) pero añade que el sistema judicial culpa a la víctima y promueve la impunidad de los agresores. La pena puede considerarla leve y el tipo penal, inadecuado, pero debe quedar claro que esta sentencia no culpa a la víctima de nada y tampoco deja impunes a los agresores. Si algo está claro en el fallo es que los culpables son ellos y la víctima es ella. De otro modo, no se habría producido la condena.

• La otra manifestación interesante de ayer fue de casi dos mil psicólogos y psiquiatras que han considerado pertinente aportar información científica sobre la reacción que una mujer agredida sexualmente puede tener, de inmovilidad, de bloqueo, de no presentar resistencia sin que eso pueda considerarse, en modo alguno, como consentimiento. Explican cómo de arraigado está el prejuicio de que a la mujer hay que insistirle hasta que acepte el sexo aunque no quiera y reclaman que los tribunales cuenten con informes emitidos por personas expertas.

Todo lo cual es muy razonable si no fuera porque se presenta en esta carta como la consecuencia del profundo rechazo que les ha provocado la sentencia. En realidad, la sentencia dice lo mismo que están diciendo ellos. El tribunal niega que la chica consintiera nada. Expresamente dice que no puede considerarse que consintiera por el hecho de que estuviera pasiva o no presentara aparente resistencia. Elude al dictamen de los psicólogos para exponer, en la misma línea que la carta, que la ciencia ha probado que la pasividad es una reacción perfectamente natural cuando se está sufriendo un abuso sexual. En ningún momento sugiere la sentencia que a la mujer haya que insistirle hasta que acepte el sexo (tampoco el juez del voto particular, por cierto).

Y respecto a la virtud de que los tribunales cuenten con informes de expertos, en este juicio presentaron sus informes María Muñiz y Esperanza García Astiz, psicólogas (como los firmantes) del Instituto Navarro de Medicina Legal, y Olatz Echeverría y Alfonso Sanz, psicóloga y médico especializado en psiquiatría. Claro que en el juicio se presentaron informes elaborados por psicólogos. Los presentó la fiscalía, la acusación y la defensa. Bien es verdad que, como ocurre con los jueces, no todos los psicólogos llegan a idénticas conclusiones cuando examinan unos mismos hechos.

Todo lo que contribuya a mejorar el debate público, la información, la comprensión, bienvenido sea. Todo lo que sirva para distorsionar o confundir el debate, mejor desterrarlo.