Desde anoche, la cabeza visible en la defensa de la legalidad ya no es el fiscal Maza o el coronel Pérez de los Cobos. Ahora es la juez que instruye la causa en el Tribunal Superior de Justicia. Mercedes Armas. Catalana. Tan catalana como Puigdemont y como Junqueras y como Anna Gabriel. En activo la juez desde hace veinticinco años, en Areyns, en Granollers y en Barcelona.
La orden de la juez es nítida y, naturalmente, obliga: a todos los cuerpos policiales a garantizar que ningún local público, ninguno, pueda ser utilizado para poner urnas el domingo. Ningún recinto oficial puede ser abierto para la celebración del referéndum suspendido, y en caso de que el recinto estuviera ya abierto, se procederá a cerrarlo. Tomen nota los estrategas de la CUP que andan urdiendo la okupación previa de instalaciones oficiales. La juez, que conoce el paño, se anticipó también al cuentismo que de inmediato iba a abrazar el gobierno autonómico: esto de que si el colegio electoral es un ambulatorio, por ejemplo, oiga, cómo vamos a cerrarlo. En el caso de edificios donde se prestan los domingos servicios públicos, se procederá, dice la juez, a precintar sólo los espacios destinados a poner las urnas. Relájese el consejero de Sanidad que no podrá acusar a nadie de haber dejado sin servicio de urgencias a los enfermos y sin centro de mayores a los ancianos.
Antoni Comín, el consejero de Sanidad que tiene listas de espera infinitamente más largas que las colas que puedan formarse este domingo, se autonombra responsable directo de todos los centros de salud para tratar de asegurarse de que abran todos los que él quiera. Su argumento, por supuesto, no es ése. Su argumento es que así la responsabilidad legal la asume él y preserva con su manto protector, a los funcionarios. No le discutan ustedes el argumento porque ya saben lo que les dirá.
Que es politólogo. Y estudioso del Quebec.
A tres días del primero de octubre, se van cayendo las últimas caretas.
El comisario jefe Trapero levanta el velo y hace pública, por fin, la gran coartada. El orden público. No será él quien desobedezca, señoría, una orden judicial, entiéndale, es que no va a tener alternativa si hay cientos de personas en los colegios.
Trapero poniendo en un papel, al dictado, lo mismo que Puigdemont dijo el domingo en Salvados.
El comisario jefe comprometido con la legalidad tiene la excusa a mano para incumplirla. Téngalo presente la juez Armas.
Caretas al suelo.
Ahí tienen a Santi Vila, el convergente que lleva años postulándose en Madrid como el interlocutor moderado que devolverá al PDeCAT a la senda del catalanismo sosegado. En la trastienda se ofrece como constructor de puentes, ante el público hace piña con los demás consejeros del gobierno al que pertenece, los hombres y mujeres de Puigdemont-Junqueras.
Ahora dice que sí, que es un hecho objetivo que su partido, con Esquerra y la CUP, violentó el reglamento del Parlamento autonómico.
Qué alternativa teníamos. Pues no violentarlo, oiga.
Aquí el consejero calculador, haciendo méritos en Madrid por si tuvieran a bien darle el premio al moderado del año. Violentamos el reglamento, sí, nos pasamos por el arco del triunfo los derechos de los grupos de la oposicióny los dos millones de electores a los que representan, pero…la culpa es de ellos, por oponerse democráticamente a nuesto abuso. Qué alternativa teníamos.
Éste, en realidad, es el discurso que menor resume toda la ofensiva independentista contra la legalidad democrática. Tienen un objetivo único: la secesión. Con nuestro ordenamiento en la mano no pueden alcanzarlo sino recorriendo el camino previo del cambio constitucional. Como ese camino no garantiza llegar a conseguirlo, la alternativa (así la llama Vila, alternativa) es violentar las leyes en vigor, el Estatut y la Constitución española. Más claro, agua.
Y a más, a más, el consejero independentista se define a sí mismo como español y admite que lo que está realizando es una embestida.
Si uno está embistiendo contra el resto de la sociedad, está bien que lo reconozca.
Y los obispos. El legendario coraje de los obispos cuando del nacionalismo se trata.
Esta declaración comprometidísima que alumbró ayer la Conferencia Episcopal al cabo de una honda reflexión sobre la situación que vivimos. Han descubierto los obispos que la crisis es grave —vaya por dios— y que tomar partido no va con ellos. La nada hecha declaración.
Dado que la Conferencia Episcopal Española no sólo no ha corregido a sus obispos y curas en Cataluña sino que dice que hace suyos los sentimientos de los monseñores catalanes, que nos aclare si el pueblo soberano en España es uno o trino, si dar satisfacción a las legítimas aspiraciones catalanas —-como dice el obispo Omella— incluye reconocer la autodeterminación y si avala a estos trescientos curas que sostienen que el Evangelio ampara el procés porque Cristo también sufrió la injusticia de la ley romana.
Como elpárroco de Calella que estuvo anoche en La Brújula.
Demasiadas preguntas, quizá, para Blázquez.
