Con permiso del gobierno de coalición, y sus tácticas electorales para sacudirse el deterioro que le han causado estos tres meses de rebajas de penas a violadores, la noticia de la mañana se va a producir en Luxemburgo, que es donde tiene su sede el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Cruza los dedos Puigdemont. Cruza los dedos el juez Llarena. Cruza los dedos el Gobierno. Quién gana hoy y quién pierde.
Este Tribunal Europeo, ¿Quiénes lo forman y en qué se ocupa? Pues lo forman veintisiete jueces, uno de cada país, y se ocupa de que los tribunales de países distintos apliquen de la misma forma las leyes. Por decirlo con un término muy de moda, homologan la forma de interpretar las normas y unifican la doctrina. Por ejemplo: pongamos por caso que un juez de un país europeo, qué te digo yo, España, tiene pendiente juzgar a un ciudadano español que delinquió, presuntamente, en España pero que se largo del país a tiempo para no ser ni detenido ni juzgado. Pongamos que ese juez español, que confía en esta herramienta que se creó para agilizar entregas de presuntos delincuentes, la euroorden, solicita a la justicia belga que proceda a entregarle al individuo pendiente de juicio. Y pongamos que el juez belga al que le toca ocuparse del asunto en lugar de entregarlo, y que se haga justicia, alega que ese juez español no es quien para encausar a este ciudadano porque sus presuntos delitos no le competen al Tribunal Supremo. ¿Qué hace el juez español, perplejo al ver que su colega belga se permite pontificar sobre el sistema judicial español? Pues llama a la puerta del Tribunal Europeo y le dice: 'Aclárenos usted, por favor, si el belga puede despachar así mi euroorden o está sobrepasando sus funciones. Y en ese caso, que me lo entregue'.
A poco que haya seguido usted la peripecia judicial de los valientes gobernantes catalanes que en 2017 se largaron de extranjis a Marsella estará pensando que el individuo en cuestión se llama Carles Puigdemont. Pero, en realidad, no. Es parecido, pero no es él. Se llama Lluis Puig Gordi. Es bailarín, como Iceta. De sardanas, sobre todo, creo. Puigdemont lo nombró consejero de su gobierno en sustitución del traidor Santi Vila, que era tibio y partidario de entenderse con Soraya. Celebró la proclamación de la República Catalana, ole ole, y de inmediato hizo la maletita y se largó a Bruselas con las Ponsatí y los Toni Comín, el politólogo. Y hasta hoy.
¿Se pronuncia el Tribunal Europeo esta mañana sobre Puigdemont?
¿Se pronuncia el Tribunal Europeo esta mañana sobre Puigdemont? En rigor, no. Se pronuncia sobre el juez belga que se negó a entregar a Llarena al bailarín. Pero del criterio que hoy se emita dependerá, probablemente, que el juez español reactive la euroorden para todos los fugados, empezando por Puigdemont, conforme a la nueva legislación que hay en España, sin sedición y con malversación agravada.
¿Qué sería una victoria para Llarena?
Que el Tribunal Europeo dijera que el juez belga se columpió. Y que debía haber entregado al ciudadano reclamado por España porque la euroorden se basa en la confianza mutua entre jueces y tribunales de la Unión Europea. Es decir, que se entiende que si un juez pide que se le entregue a un presunto corrupto, malversación, se le entrega y punto. El abogado general del Tribunal, que hace, digamos, el informe previo, le dio la razón a Llarena hace medio año (no es sólo aquí donde la Justicia se toma su tiempo). Si hoy el Tribunal ratificara ese criterio, la tesis de que la justicia belga es exquisita y el Supremo español es un desastre se vería seriamente cuestionada. Por no hablar de la tesis, gubernativa, de que no se nos ha entregado hasta ahora a los prófugos porque en Bélgica no existe el delito de sedición.
Lo de Puigdemont seguirá aún dando algunas vueltas
Pero vamos, que lo de Puigdemont seguirá aún dando algunas vueltas. Porque este mismo tribunal, en otro de sus departamentos, tiene pendiente establecer si al antiguo president en el exilio (y todo aquello) le ampara la inmunidad del Parlamento Europeo. Que ahí es donde tiene puestas el profeta todas sus esperanzas. En que el Tribunal le proclame intocable para poder venirse a España sin riesgo de que le eche el guante Llarena.
El gobierno de España hace saber, por boca del ministro para todo, señor Bolaños, que la ley que con tanta pasión, tanto entusiasmo, tanta vehemencia aprobó, bendijo y celebró el Consejo de Ministros y su líder supremo, el presidente Sánchez, es una ley mal hecha. Si hay que rehacerla, o retocarla, o revisarla, o reformarla, es que el trabajo no era bueno.
Expertos en derecho penal
Y entonces, ¿la última vez cómo se hizo? Ahora se va a contar con los mejores expertos en derecho penal que haya en España. Paréntesis: eso son los jueces del Tribunal Supremo, aquellos que, según el presidente, iban a unificar doctrina para tapar, así, el agujero de las rebajas de penas. Cada día tiene su afán y cada semana cambia el discurso el gobierno. Veamos: según la explicación que se da ahora, en estos tres meses y pico en que lleva en vigor la ley, más de trescientos casos de rebajas, el gobierno estaba dedicido ya a enmendar su propia norma pero no lo decía. ¿Y por qué no lo decía? Porque la ministra de Justicia, Pilar Llop, estaba intentando persuadir a Irene Montero para que accediera a retocar algunas cosas. Qué maravilla esta crónica que leí ayer en El País: 'Llop lleva desde finales de noviembre', decía, 'intentando convencer a Montero para subir las penas máximas y mínimas'. Dos meses de persuasión fallida. Es curioso, porque la ministra de Justicia lo que sostenía a finales de noviembre es que había que esperar a que el Tribunal Supremo unificara, aquel salmo al que se agarraron todos. Pero quédense con la copla: la parte socialista del gobierno asume que ha patinado con las penas a violadores y, espantada por los efectos que se conocen cada día, ve urgente e imprescindible remendar la ley. Pero como Irene Montero no se deja, la parte socialista deja que sigan pasando las semanas y los meses. Vaya una preocupación más rara.
Enmiendas
Justicia difundió anoche su propuesta de enmienda al sólo sí en lo que se refiere a las penas. Y es enmienda a la totalidad, no un retoque. Deshace la parte de delitos y penas y, en gran medida, vuelve al baremo que había antes del sólo sí. Corrige las horquillas, corrige las agresiones a menores, corrige la redacción, lo corrige todo. No en lo que se refiere al consentimiento o que todo se llame agresión, pero sí en el castigo previsto para cada acto. Y diferencia cuando la agresión va acompañada de violencia o intimidación para castigarla con mayor dureza. Con razón dice Podemos que esto se parece a lo que había antes. Estaba el abuso sexual, que era sin violencia, y la agresión sexual, que era con. Se cambió para que todo fuera agresión, aun con distintos grados de gravedad, porque se entiende que aunque no haya intimidación la agresión lo sigue siendo. Ahora, si prospera el remiendo socialista, habrá agresiones con y agresiones sin.
La desautorización es contundente. Pero no a Irene Montero, no sólo. Se desautoriza al Consejo de Ministros que aprobó el proyecto en 2021, justo antes de que Pilar Llop se incorporara en sustitución de Juan Carlos Campo, hoy premiado con una magistratura en el Constitucional.
Y dice bien el Gobierno: estos cambios, si prosperan, no revertirán las rebajas penales que ya se han producido. Lo hecho ya no tiene solución. Se trata, dice la Moncloa, de evitar que en el futuro se les imponga a los violadores penas más bajas que las que habrían recibido de no haber existido la ley del sólo sí. Que esto sí que nos lo va a tener que explicar el gobierno más despacio. Porque entonces el tema no es que fruto de la transición entre una ley y otra haya sentencias que se revisen, es que aquellos que violaran en adelante tendrían menos sanción que sus predecesores. Oiga, ¿pero no es justo eso lo que claramente establece la ley, con cuántos años se castiga cada conducta? Ahí nadie podrá alegar retroactividades en favor del reo o interpretaciones caprichosas de los jueces: que hubiera penas inferiores a las anteriores para los mismos hechos estaba expuesto con nitidez en la nueva norma. ¿Han tenido que pasar tres meses de goteo y escándalo social para que el gobierno progresista se dignara a leer lo que su propia ley dice? ¿Se la había leído Sánchez cuando dijo que las penas se habían agravado?
Ahora proclama el Gobierno que va a endurecer las penas. Conclusión: no son los jueces los que las están rebajando. Fue el Gobierno.
