Los automovilistas, sin embargo, como en lugar del camino utilizan la A-6, en caso de parar lo hacen en la estación de servicio. Unos pocos kilómetros antes de llegar, si vienes de Coruña, o pasados unos kilómetros si vienes de Ponferrada, hay una gasolinera Galp que hace un par de años se convirtió en atracción turística. La llaman, sin más apellidos, la gasolinera de Guitiriz. Es decir, la del caso campeón. Allí donde José Blanco hizo parar su coche oficial para recoger a un empresario farmacéutico de nombre Dorribo que tenía interés en pedirle que le hiciera unas gestiones ante el ministerio de Sanidad.
Si esta tarde vas por la A-6 y paras en esa gasolinera no verás ningún coche oficial esperando a recoger empresarios. Físicamente, claro, José Blanco no está allí. Pero no te engañes: políticamente, José Blanco se quedó a vivir para siempre en la gasolinera de Guitiriz. Desde que trascendió su paradiña en la estación de servicio, su carrera política quedó congelada, estacionada y cubriéndose de polvo a la espera de que termine, algún día, el caso campeón. O la parte que a él le toca del caso campeón, es decir, si abusó de su cargo político para hacer favores a los amigos. En realidad el episodio que le está causando más problemas no fue aquella conversación con Dorribo en el coche oficial, sino la gestión que hizo el ministro a petición de su amigo José Antonio Orozco para que le desbloquearan la construcción de una nave en Sant Boi, cerca del aeropuerto de Barcelona. Orozco es vicepresidente de una compañía de logística gallega muy importante, Azkar, y necesitaba levantar aquella nave para expandir el negocio, pero el ayuntamiento de Sant Boi se resistía a darle la licencia.
Como el alcalde era del PSC, pues Orozco le pidió al amigo ministro que le pegara un toque al alcalde para que espabilara. Y, a decir del juez instructor, eso fue lo que ocurrió, que el ministro le dijo a su segundo “llama al alcalde de Sant Boi y pregúntale qué pasa con este asunto”, que es la forma que tiene un algo cargo del gobierno central (y del partido) de presionar a un alcalde correligionario para que conceda una licencia, o así lo entiende el juez. Al magistrado le parece que los indicios de tráfico de influencias son suficientes para seguir adelante con el asunto, pero para hacerlo necesita permiso del Congreso de los Diputados, que el Parlamento levante la inmunidad de que goza su señoría para poder proceder judicialmente contra él, es decir, procesarle.
Entonces, ¿es culpable Blanco? Pronto para afirmarlo, eso sólo puede decirlo un tribunal una vez que el procesado ha sido juzgado. Hoy lo que sí cabe afirmar es que el asunto pinta feo para el otrora todopoderoso número dos del PSOE -el hombre que más veces ha pedido cabezas en partido ajeno con bastante menos sustancia judicial que la que hoy ya existe contra él- y que todo aquello que en su momento dijo que iría pasando es justo lo que no ha pasado. Blanco sostuvo, al principio, que en toda historia no había nada, que quien le acusaba era un imputado por corrupción (cómo vas a fiarte de lo que diga), que era impensable que le imputaran a él y que la UDEF estaba maniobrando para perjudicarle expresamente. Claro que también dijo estar encantado de que el Supremo se ocupara del asunto, que éste sería el último capítulo porque, sin duda, quedaría todo archivado y que dada su inocencia y su absoluta honradez, por más que estuviera investigado e imputado no veía motivo alguno para renunciar él a su escaño, o sea, irse a su casa.
El ex ministro protagonizó, así, uno de los cambios de criterio más sonados -y menos fundados- en la historia de nuestra política reciente. Él, que tantas veces elevó las sospechas que recaían sobre los demás a la categoría de hechos probados; él, que tantas veces sostuvo que un insulto a los votantes tener de diputado a un imputado; él, que tanto hizo para confundir a la opinión pública con distorsiones y eslóganes prefabricados descubrió de pronto, y sólo cuando el imputado fue él, que no es justo apartar a alguien del cargo (o del escaño) mientras no haya sido procesado. Anunció un libro en que incluiría sus reflexiones, sobrevenidas, sobre la presunción de inocencia. A ese clavo, incoherente con toda su trayectoria previa, se quiso agarrar. “Si me procesan, entonces sí, me marcho”, dijo el pasado mes de marzo, creyendo que nunca le iban a procesar.
En coherencia, hoy debe de haber empezar a marcharse, porque el suplicatorio (que se va a conceder y que él mismo dijo que apoyaría) se pide sólo para una cosa: procesarle. La cuenta atrás ha empezado. Él último favor que le puede hacer Blanco a su partido es dimitir ya, sin esperar más nada.
El nombre del día es Blanco, pero hay otros a los que también dedicaremos algún minuto. Por ejemplo, López, Enrique López. Por fin ha conseguido el PP colocar a su apadrinado en el Tribunal Constitucional: lleva tres años intentándolo. Fue el nombre que propuso en 2010, cuando socialistas y populares trataban de pactar la renovación del Tribunal, y fue el nombre al que el PSOE dijo “pero dónde vais, si éste ha sido vuestro hombre en el Consejo del Poder Judicial”. El PP insistió, intentó que fuera candidato en nombre del Senado y tampoco prosperó. Pero hoy ya la decisión correspondía únicamente al gobierno (que tiene potestad para nombrar a dos magistrados para que releven a los dos que nombró el gobierno anterior y cuyo mandato ha vencido) y ha nombrado a Enrique López.
Si, como sostienen algunos diputados del PP en conversaciones privadas, existía un compromiso del PP con López desde hace años para meterle en el Constitucional como pago a servicios prestados, entonces cabe afirmar que al menos hay una promesa que sí ha cumplido Rajoy, la que le hizo a López.
Otro nombre del día, Artur Mas, que sigue imparable. En su heroica misión histórica: convertir a Ezquerra Republicana en el único partido del nacionalismo-independentismo catalán. Ya consiguió que mejorara mucho su representación parlamentaria en las últimas autonómica -ese Artur, ese Artur, eh, eh- y ahora ha logrado que se ponga por delante en las encuestas, sacándalo ya cinco escaños a él mismo -ahí estamos, president, un empujón más y dejas Convergencia en treinta escaños-.
Y un nombre más, Cándido Méndez, que hoy se apuntó a la doctrina del peroooo. Dí lo que quieras y luego añádele un pero para poder decir lo contrario. Hoy dijo: Sí a la ley de transparencia. Perooooo que no pueda obligarnos a revelar los salarios de los dirigentes o el uso que se da a cada euro de los afiliados. Él lo dice de otra forma, claro, dice: que no afecte a la libertad sindical, que es una forma mucho más elegante, hermosa y camuflante de decirlo. Sí a la ley de transparencia. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Lo que yo te diga.
