Elpidio José Silva, el magistrado que saltó a las primeras páginas el día que envió a prisión a Miguel Blesa, cambia de criterio sin explicar por qué, ordena medidas cautelares desproporcionadas y pretende erigirse en justiciero en busca de reos que paguen por la crisis económica. En lenguaje menos directo y más jurídico, esto es lo que la Audiencia viene a explicar para tumbar todas las últimas actuaciones del juez Silva y anular la investigación (y el encarcelamiento) de Miguel Blesa. Si este mismo juez archivó en 2010 la denuncia de Manos limpias al entender que carecía de fundamento, para reabrir el caso dos años después tendría que ser capaz de argumentar qué nuevos indicios de delito han aparecido, qué novedades hay que justifiquen el cambio de criterio. Y esto, a decir del órgano superior, no lo hizo.
Es verdad que el juez argumentó que habían sufrido “un cambio eminente las circunstancias periféricas de nuestra historia económica” (la terminología es suya), pero a la Audiencia Provincial esto le parece un bla bla bla fusilado de la wikipedia que sólo busca justificar la conversión del juez en inquisidor general, impulsor de una causa general contra la crisis económica: no había nada nuevo distinto a lo de dos años antes y, sin embargo, el juez modificó por completo el chip y donde antes no veía nada, ahora empezó a ver de todo. El auto de la Audiencia es demoledor contra la instrucción de Silva y supone la anulación de la misma, con la consiguiente anulación, también, de la prisión preventiva de Miguel Blesa, cuya defensa habrá de decidir ahora si demanda compensación por el encarcelamiento desproporcionado (“desproporcionado” a decir de la Audiencia Provincial) que ha sufrido su cliente.
Naturalmente, habrá quien antes de leer los argumentos de estos otros tres jueces que integran la sección treinta de la Provincial madrileña eleven a Silva a la condición de mártir y atribuyan la anulación del sumario a la personalidad del encarcelado: esto de “ya se veía venir que no permitirían que alguien como Blesa, poderoso y amigo de poderosos, siguiera en prisión”. Del prejuicio a favor y en contra no va a librarnos nadie. En realidad, poderosos en prisión ha habido unos cuantos en la historia reciente de España. Dices: pero ningún banquero. Bueno, Mario Conde lo era y cumplió prisión. Dices: pero ningún banquero por la crisis de ahora. Cierto, pero es que aún no han terminado de instruirse los sumarios que afectan a quebrantos de entidades financieras y tampoco está probado, todavía, que los casos –probados- de mala gestión bancaria equivalgan a comisión de delitos. Y justo por eso (porque las instrucciones judiciales, hasta que no concluyen, no dan pie al juicio y la posible condena es por lo que resulta tan relevante instruir bien: el juez es el responsable de conducir correctamente la investigación para que ésta llegue a puerto y desemboque en juicio; las negligencias profesionales de un juez en esa fase de instrucción pueden arruinar todo el procedimiento.
Que Blesa es un hombre que, en su día, fue muy poderoso en el Madrid político y financiero, que conoce gente con puestos importantes y que suya es la responsabilidad de la deriva que asumió Caja Madrid en la burbuja inmobiliaria y en la crisis que vino luego no son opiniones ni especulaciones, son hechos. Fue poderoso, tiene contactos y la Caja que acabó rescatada la presidía él. Pero todo eso no es sinónimo de haber cometido delitos ni de haya trato de favor en la anulación de la causa que ahora se produce. Que el imputado sea un poderoso no exime al juez de tener que hacer bien si trabajo, y a juzgar por lo que dicen estos otros jueces, el trabajo de Elpidio Silva ha sido pésimo.
En todas las profesiones hay personas que lo hacen muy bien y otra que lo hacen peor; hay unos más celosos del rigor profesional que otros (en la judicatura, en la política, en la enseñanza o en el periodismo). Tratándose de un juez que tiene en su mano algo tan serio, tan grave y tan excepcional, como privar de su libertad a quien todavía no ha sido juzgado, es particularmente exigible que sus decisiones y sus razonamientos sean sólidos. Si, a criterio de la Audiencia Provincial de Madrid, el juez Silva ha demostrado que ni sus decisiones ni sus razonamientos jurídicos tienen la solidez que se espera de un magistrado instructor, la siguiente pregunta que habrá que hacerse es si está capacitado para desempeñar ese trabajo. La Audiencia Provincial no dice que no lo esté, pero la valoración que hace de sus decisiones deja abierta la puerta, como poco, a la duda.
José Elpidio Silva pidió ayer amparo al Consejo del Poder Judicial contra la fiscalía y aquellos comentaristas que públicamente habían criticado sus decisiones y, en su opinión, le habían sometido a escarnio público. Reclamaba amparo incluso contra declaraciones del presidente del propio Consejo del Poder Judicial, Moliner, de quien afirma que dio a entender que deseaba que él fuera sancionado. Antes de que el Consejo de pronuncie sobre si procede, o no, ampararle frente a declaraciones públicas que él considera “presiones intolerables” ha sido la Audiencia Provincial quien ha salido en amparo de las dos personas a las que envió a prisión recordándole que con algo tan serio como la libertad de las personas que aún no han sido juzgadas no se juega.
El castigo por los delitos cometidos lo decide un tribunal cuando considera probados y juzgados esos delitos. La prisión no puede utilizarse como un castigo anticipado sin necesidad de juicio y a capricho.
