Quienes tratan al ministro de Hacienda sostienen que es un hombre cordial y bienhumorado, pero en público, cuando se pone, suelta unos mandobles que hay que entender la carita con la que esta tarde se presentaron los consejeros de Hacienda autonómicos al examen.
Esta tarde tenían examen. De austeridad. Que consiste en que ellos llegan allí, el ministro hace de guardia civil de tráfico -a ver, me enseña los papeles- y decide si puede seguir circulando él solo o le inmoviliza y asume él mismo el volante. Técnicamente se llama, ya les resultará familiar, Consejo de Política Fiscal y Financiera, o en versión abreviada, CoPoFiFi. En otros tiempos en esta reunión se discutían las fórmulas para que los gobiernos autonómicos tuvieran más dinero para gastar: cesión de tramos de IRPF, nuevos tributos, criterios de todo pelaje para calcular cuánto dinero del que recauda el Estado le corresponde a cada comunidad: población, dispersión, grado de desarrollo, envejecimiento; cada una defendía el criterio que más le convenía y el gobierno central acaba asumiéndolos todos: “todas las comunidades van a recibir más”, como dijo en la última revisión del sistema de financiación el presidente Zapatero.
Pero los tiempos han cambiado y ahora lo que se discute no es cómo tener más para gastar sino cómo gastar menor porque de donde no hay, no se puede sacar. Cada gobierno autonómico ha presentado su libro de instrucciones para aumentar ingresos, recortar gastos y equilibrar las cuentas. No tanto como para igualar ingresos y gastos, pero sí lo bastante para que el déficit a final de año no pase del 1,5 %. Ahí aparecen los céntimos sanitarios que hace tiempo que son bastante más de un céntimo, la subida de tasas universitarias en la mayoría de las comunidades, el aumento del copago en las farmacias, el impuesto de patrimonio -¿se acuerdan del impuesto de patrimonio, cuando lo resucitó el gobierno anterior y el PP dijo que qué disparate?; lo que ha cambiado el cuento, lo que han cambiado todos los cuentos-, impuesto de patrimonio, subida del IRPF, rebaja de salarios en el sector público, congelación de subvenciones, en fin, todas esas medidas que han ido anunciando cada gobierno autonómico en su territorio y cuyos habitantes conocen (o conocéis) ya sobradamente porque os han afectado.
Casi todos los presidentes autonómicos, al explicar sus recortes, han empleado argumentos similares: cumplir con el déficit es innegociable, hay una ley de estabilidad que obliga, se ha intentado ajustar de la manera más equitativa y pedimos comprensión porque estamos haciendo cosas que no nos gustan. Argumentos similares a los que emplea el gobierno de la nación cuando recuerda que cumplir con el déficit que ha marcado Europa no es opcional, sino impepinable. Incluso aquellos gobiernos regionales que no son del PP, y que se muestran, por ello, más guerreros, admiten que por mucho que desagrade el tope de déficit que les han adjudicado, no hay más narices que cumplirlo. Puedes recurrir los recortes ante el Constitucional -un clásico de nuestra vida política-, puedes secundar, como IU-Andalucía, las movilizaciones que se convoquen contra el ajuste, pero lo que no puedes es insubordinarte.
A esa conclusión sí parece que han llegado todos los gobiernos autonómicos, por convicción, por amenaza de intervención o porque su financiación, en última instancia (incluidas las emisiones propias de deuda), depende siempre del visto bueno del gobierno central. Era muy relevante que esta voluntad unánime de cumplir con el déficit se evidenciara porque fuera de España el asunto de las comunidades autónomas es motivo de recelo. No porque nuestros socios europeos, o los inversores, sean alérgicos a la descentralización o el autogobierno (no se trata de eso), sino porque la situación financiera de las regiones es, en conjunto, muy mala y el gobierno no tenía, hasta ahora, instrumentos para obligar a los gobiernos autonómicos a ajustar sus cuentas. Ese problema lo sufrió el gobierno anterior, que asumió en Bruselas el compromiso de meter a las autonomías en cintura pero carecía, en realidad, de herramientas eficaces para hacerlo.
El autogobierno incluye autonomía para diseñar los Presupuestos de la región a la manera que cada gobierno autonómico considere oportuno. Hasta hace apenas un año -este avance fue obra de Salgado- los gobiernos regionales ni siquiera tenían que informar de lo que se llama la “ejecución presupuestaria”, es decir, cómo se están cumpliendo o incumpliendo esos presupuestos. En Bruselas se preguntaban cómo puede el gobierno de España comprometerse a cumplir un tope de déficit público, si la parte de ese déficit que corresponde a las comunidades autónomas escapa al control de ese gobierno. Y a la vista está lo que sucedió en 2011 con el déficit público: prometimos que sería un 6 % y acabó siendo un 8,5 %, y el desfase de debió, en su gran mayoría, al incumplimiento de los gobiernos autonómicos, de todo signo político. Esto que pasó en 2011 no se olvida por ahí fuera.
Aunque aquí dedicamos siempre mucho tiempo y muchas energías a discutir si la culpa es más del PSOE que del PP, más del PP que del PSOE, si Zapatero lo hacía todo peor que Rajoy o si Rajoy está haciendo bueno a Zapatero, fuera de aquí todos esos matices importan poco. Para ellos todo es lo mismo: España. Es España quien cumple o incumple, es España en quien se confía o de quien se desconfía, es España la que tiene gobiernos regionales muy poco austeros y bancos cuyos balances resulta que hay que volver a examinar. Anoche el presidente andaluz, Griñán dijo algo que tiene todo el sentido: si es la credibilidad de España la que está en juego, tendrán que ser todos los que tienen responsabilidades públicas los que trabajen para asegurarla. Juntos en un pacto de Estado, o cada uno en su ámbito de actuación, sin necesidad de firmar un papel pero actuando en consecuencia.
Por la salida de la crisis aún no podemos brindar (aunque todo llegará), pero por la salida de la cárcel de un inocente, sí podemos. Y lo hacemos… con Magno, porque se ha puesto fin a una injusticia. Ya está en casa un joven británico que ahora tiene veinticuatro años, Sam Hallam, y que desde los diecisiete estaba en prisión condenado por el asesinato de otro joven en una pelea de bandas. Como ahora ha admitido el tribunal que ha examinado el recurso, nunca hubo evidencia alguna de que Sam participara en los hechos: lo único que la policía presentó contra él fueron dos testigos, uno que dio varias versiones contradictorias y otro que se desdijo en el juicio. La policía ocultó una evidencia, el teléfono móvil del acusado, que apoyaba su versión de que estaba en un pub con su padre cuando se produjo el crimen. La madre, Wendy, ha celebrado la libertad recuperada por su hijo al cabo de siete años de infierno para toda la familia.
Decenas de amigos y vecinos de Sam le recibieron ayer a la puerta del tribunal para brindar porque haya prevalecido la justicia.
