Déjenme que les cuente una historia. (Es muy corta, ya verán). Había una vez un alcalde, en Villar del Río, pueblo de Castilla, que informado de que venían de visita los americanos, y persuadido para disfrazar a los vecinos de flamencos, y disfrazarse él mismo, creyó oportuno convocar al pueblo en la plaza y comparecer en el balcón para darles una explicación sobre aquella carnavalada.
El alcalde de Villar del Río sabía que debía una explicación. Otra cosa es que a base de admitir que la debía acabar por no pagarla. El alcalde era tan de ficción como la condición flamenca de sus vecinos. Y el discurso circular del alcalde, Pepe Isbert, quedó como caricatura afilada de las comparecencias vacías de gobernantes confusos. Ignoro si Salvador Illa es berlanguiano —la política española sí que lo es— y si tendrá a bien emular al señor alcalde y asomarse en algún momento del día al balcón de la plaza de Sant Jaume para pagar a los ciudadanos la explicación que aún les debe.
Sí que se la debe, sí. La explicación de por qué ahora sí y antes, no. La explicación de por qué ahora toca hacerle un mimo a esta rémora de nombre Puigdemont. La explicación de qué es lo que trató con él —qué trataron— en la hora y media de conversación que tuvieron a mil trescientos kilómetros del Parlamento de Cataluña. El señor Illa, que como presidente de la Generalitat se debe a todos los ciudadanos de Cataluña —esto que Puigdemont nunca entendió— sabe que no es de recibo pasarse un año rehuyendo, con razón, la foto con el malversador, y cambiar ahora de criterio, viajar a Bruselas, retratarse y echar la tarde para despachar después a la prensa haciéndose el mudo.
Y por qué no las va a hacer. Por qué no las hizo pero sí publicó un tuit celebrando el buen ejemplo que habían dado Puigdemont y él dialogando. Dialogando sobre qué, president. ¿O sus gobernados no tienen derecho a saber?
De momento, ni media explicación. La normalización era esto. El lenguaje corporal de los dos interlocutores, ayer, sentados en sus sillones y esperando a que se fueran los fotógrafos, era elocuente. Illa, la cabeza baja, incomodidad patente, como confesándose con el expatriado. O como si le hubieran puesto en el sillón un cojín de clavos. Y Puigdemont, sonriente. Jugando en casa. Más ancho que largo. Porque ha ensanchado desde que vive —y dice que trabaja— en Bruselas. Si a Zapatero le enviaron la foto, debió brotar de sus ojos una lágrima de emoción democrática.
Y Puigdemont, sonriente, jugando en casa, más ancho que largo
Se repite mucho en las crónicas y los análisis de la prensa que Illa fue a amnistiar políticamente al fugado. O a blanquearlo. Yo discrepo porque, a estas alturas, el PSOE (y el PSC) a Puigdemont lo tienen ya más que blanqueado. Ha llegado el blanqueador. Y porque a la expresión amnistía política le sobra el apellido. La amnistía nunca fue otra cosa que una operación política.
La amnistía nunca fue otra cosa que una operación política
Mucho antes de que el Supremo hiciera una interpretación libre de la ley y dejara sin borrar el pasado malversador del huido, Sánchez ya lo había amnistiado políticamente en plenitud. Sánchez lo amnistió políticamente la noche del 23 de julio de 2023, o sea, cuando lo necesitó. Lo amnistió en el mismo momento en que bendijo al separatista de derechas como tutor y engrudo de esta ensalada de marcas nacionalistas y de izquierdas que dio en llamar la mayoría progresista.
Todo lo que vino después fue la forma de convertir en ley, contra el criterio mayoritario de la sociedad española, lo que Sánchez —de común acuerdo consigo mismo— ya había decretado. El gobierno sigue estirando las justificaciones de entonces como si no hubieran pasado ya dos años de legislatura y como si Salvador Illa no llevara ya año y pico gobernando Cataluña. Martillean con el estribillo éste de la normalización. La pacificación. El regreso de Junts a las instituciones. Junts nunca ha dejado de estar en las instituciones y de abusar de ellas siempre que ha podido.
No es por arruinarle al Gobierno —y al Govern— el argumentario gastado, pero Puigdemont, fugado y todo, se presentó a las elecciones catalanas de 2017, solo dos meses después del naufragio del procés. Junts gobernó Cataluña con aquel personaje inefable, de nombre Torra, los dos años siguientes. Es que hoy mismo Puigdemont, fugado y todo, es diputado autonómico, tele diputado, porque ejerce desde Waterloo.
Algún título dice que Illa ha roto el aislamiento institucional de Puigdemont. ¿Qué aislamiento? Desde el 23 de julio de 2023 si algo no ha estado este señor es aislado. Si el gobierno ha escrito con él una ley de autoamnistía. Si ha negociado con él, cómo y donde él ha querido —mediador salvadoreño incluido— el vaciamiento del Código Penal, las competencias de migración, la convalidación de tropecientos decretos. Si Cerdán se reunió con él bajo la foto enorme de una urna del procés hace dos años.
Ni normalización, ni rehabilitación, ni blanqueamiento. Todo eso ya estaba. Esto de ahora es otra cosa. Esto es hacerle ver a Puigdemont que no le olvidan —no te olvidamos, Carles, como para olvidarte—. Es admitir que igual le engañaron un poco cuando le prometieron que ya estaría de regreso en Barcelona a estas alturas del año.
Es concederle que aún no han pagado todas las letras firmadas pero haciéndole ver que están en ello. ¿Cuándo irá Sánchez a retratarse, le preguntaron ayer a la portavoz del Gobierno? Empezando por ella misma, claro; qué va a saber de lo que Sánchez, hoy, tiene en la cabeza. Como para decirle a la ministra que nos debe una explicación y, como ministra que es, esa explicación nos la va a dar.
Un Fiscal General Imputado
A dos días de que se junten en la sede del Supremo una larga lista de jueces y un montón de fiscales no para juzgar a nadie sino para abrir, como cada curso, el año judicial, Álvaro García Ortiz agota sus últimos días antes de verse sentado en el banquillo y juzgado. Hoy entregará al rey la memoria anual de la fiscalía sabiendo que el presidente del gobierno —al menos, el presidente sí— valora enormemente su trabajo. Y valora, sobre todo, lo que más valora Sánchez en cualquier persona, que es que le sirva, que no le discuta, y que asuma como propia cualquier posición que el presidente decida, incluso si hoy es una y mañana su contraria.
Varias asociaciones judiciales han recriminado al presidente que hiciera imputaciones, sin concretar ni nombres ni razones, contra jueces en general que, según él, hacen política en lugar de impartir justicia. Siempre es revelador que un político profesional, que lleva toda la vida haciendo política, use esa expresión, hacer política, para denigrar a otros. Pero es sabido que así como el Gobierno no tolera que un juez utilice su juzgado para servir a intereses políticos —solo faltaba— se tolera a sí mismo, y no ve ningún problema, en utilizar la Moncloa y los ministerios para hacer imputaciones genéricas e intentar influir en procedimientos judiciales por estrictos intereses políticos y/o personales.
Decisiones difíciles de entender, dice la portavoz, que, en efecto, alguna dificultad para entender las resoluciones judiciales ya ha demostrado. Desde luego, si los españoles dependieran de la ministra para saber qué decide, y por qué, la Audiencia Provincial de Madrid, por ejemplo, aviados estaban. Ustedes limítense a hacer justicia, dice el Gobierno, que yo también. Lleva año y medio el presidente decretando cada día absoluciones y condenas a su aire.
Pues hace bien en creerlo porque cada uno cree lo que quiere. Y el Gobierno no necesita encuestas para predicar cada día que la inmensa mayoría de los españoles comparte lo que hace y lo que dice. ¿La inmensa mayoría cree que el hermano del presidente, o el fiscal García Ortiz, no debería ser juzgado? ¿Eso quién se lo ha dicho a la ministra, Tezanos?
