Las personas en cuestión son: el ministro de Hacienda, el de Administraciones Públicas y los consejeros de Hacienda de cada una de las comunidades autónomas. Es cierto: así de entrada entretenido no parece. Juntas a Montoro con diecisiete señores y señoras con cara de estreñidos y bromas y diversión, pues no esperas. La cara de estreñimiento no es que nacieran con ella, es que miran la planilla de ingresos y gastos de cada una de sus autonomías y por más que disimulen, la angustia aflora. Están las autonomías -sobre todo alguna de ellas- como el Costa Concordia, con el casco agrietado, la nave varada y amenazando catástrofe ecológica. Y el problema es que así no se les puede dejar, porque son ellas las que tienen atribuida la prestación de servicios esenciales (la sanidad, la educación), hay que encontrar la forma de soltar lastre, reflotarlas y asegurar el combustible para que sigan navegando.
Hasta hace un mes había presidentes autonómicos que le echaban la culpa del naufragio al capitán que pilotaba el portaviones del Estado, capitán Rodríguez Zapatero (es él quien nos aseguró financiación suficiente y ahora está claro que no nos llega, que lo arregle), pero desde hace un mes el capitán lleva el mismo uniforme que ellos, no sólo es de su mismo partido, es que es su jefe en el partido. Lo cual por una parte los tranquiliza -no dejará que nos hundamos- pero, por otro, les priva de la oportunidad de cargarle el muerto a otro. Hoy contaba El País que la última vez que se reunió el CPFF, con Salgado todavía de jefa de la caja (oye, Salgado se ha esfumado desde que dejo de ser ministra, ni siquiera ha ofrecido su versión sobre el pedazo de desfase que se ha producido en las cuentas públicas), en aquella reunión los consejeros autonómicos tuvieron intervenciones bastante dramáticas. Dijeron cosas como “o el gobierno central nos enchufa la manguera, o vamos al desastre, habrá regiones que incurran en suspensión de pagos, habrá que cerrar colegios y hospitales”.
Lo peor es que no fingían, no es que se pusieran dramáticos, es que la situación lo era. Es decir, que lo sigue siendo. En aquella ocasión intentaron que el Estado avalara emisiones de deuda de las comunidades autónomas o que directamente comprara los bonos autonómicos. Salgado dijo que no era posible porque avalar las emisiones autonómicas equivaldría a devaluar las emisiones que hace el Estado: si se convierte en avalista de los préstamos que piden autonomías al borde del abismo acabaría contagiado de ese riesgo elevado y nos pasarían factura (más factura) los inversores a los que luego solicitamos su dinero en forma de letras del Tesoro y bonos a diez años. Digamos que el argumento de Salgado vino a ser el mismo que emplea Merkel para dar largas a los eurobonos: si yo avalo tu emisión de deuda, a ti te vendrá muy bien, pero yo me devalúo y pago el pato.
El 2011 terminó como sabemos, con la comunidad valenciana diciéndole al Deutsche Bank que no iba a poder pagarle la deuda que éste tenía comprada, el gobierno central saliendo al rescate para impedir el default, el impago, y el gobierno valenciano cogiendo la podadora y metiendo tajos a su gasto público y subiendo impuestos para intentar equilibrar la caja. Después de aquello anunció el gobierno central que no se dejaría caer a ninguna comunidad autónoma. Compromiso que sigue vigente y del que ahora toca calcular el precio. De eso va esta reunión (que es seguramente lo más relevante que va a suceder esta semana) entre el tándem Montoro-DeGuindos y los consejeros autonómicos: qué fórmula se pacta para garantizar la financiación de las autonomías y qué se comprometen a hacer éstas para encoger gasto e incrementar ingresos: cuántas empresas públicas (televisiones incluidas) se van a privatizar, cuántos organismos innecesarios van a ser desmantelados, cuánto se va a subir el tramo autonómico del IRPF y cuánto se espera recaudar con el impuesto de patrimonio (que lo resucitó Zapatero pero lo cobran, salvo que renuncien a hacerlo, las comunidades autónomas).
Va a ser verdad, como dijo hoy Rajoy, que el reto que tiene su gobierno por delante es “ingente”, como es verdad que ya pasó la hora de decir lo que se va a hacer. Hay que hacerlo. En el ajuste autonómico y en los otros capítulos pendientes. Éste es el mensaje que Herman Van Rompuy ha traído hoy a la Moncloa: que no cabe seguir aplazando las decisiones. Por ejemplo, en la reforma laboral. Patronal y sindicatos dieron por terminada la negociación la semana pasada, pero el gobierno, hasta ayer mismo, les seguía instando a reunirse y alcanzar acuerdos.
Hoy la ministra Báñez dijo que en el primer trimestre estará presentada la reforma; Rajoy mencionó después un calendario bastante más corto: primeras semanas de febrero deben estar resueltas las reformas financiera y laboral. Antes, por tanto, de las elecciones andaluzas. La única novedad que, de momento, avanza la ministra es que se van a fomentar las agencias privadas de colocación, empresas que ponen en contacto a empleadores y parados. El gobierno da por demostrado el fracaso, en esta materia, de los servicios públicos, el INEM, “sólo consiguen colocar al tres por ciento de los parados”, dijo la ministra, entiéndase que sólo lo consiguen con un tres por ciento no porque no haya más empleos que desempeñar, sino porque sus métodos no funcionan. Del resto de la reforma, que es todo, irá informando el gobiernoen las próximas semanas. Para finales de mes espera tener un documento ya cerrado. Mientras no haya desenlace y conclusiones concretas, todo lo que podemos es levantar acta, y comentar, lo que los protagonistas del asunto vayan diciendo.
Que es lo mismo que pasa con el otro gran asunto del día, lo de Garzón. Baltasar Garzón, nunca fue un juez cualquiera. Hoy ha comenzado el primero de sus juicios en el Supremo. Tiene tres. Aunque como él mismo dijo una vez, si hay alguien que, sabiéndose inocente, no debe temer sentarse en un banquillo es un juez, que conoce al dedillo la maquinaria de la que él mismo forma parte. A Garzón se le juzga por haber grabado a unos abogados que no estaban imputados, ni investigados, por ningún asunto. Abogados de imputados de la Gürtel (estos sí estaban imputados). Tesis de quien denuncia al juez: que espió a los abogados sin tener derecho a ello perjudicando el trabajo que estos realizaban: vulnero nuestros derechos de manera ilegal. ¿Tesis de Garzón? Que las escuchas eran legales por el carácter de la investigación y que en ningún caso cabe atribuirle abuso de posición o prevaricación, que es de lo que se le acusa. Ésta es la esencia del caso.
Alrededor, el ruido. De quienes denuncian persecución del magistrado e indefensión (difícilmente cabe hablar de indefensión si tiene abogado y a la fiscalía de su lado) y de quienes, en la acera contraria, denuncian la campaña de presión sobre el Supremo para que exonere a Garzón de toda culpa. Hay medios que ya han condenado a Garzón y hay medios que ya le han absuelto. Dependiendo de lo que dictamine el Supremo, se indignarán con el Tribunal por no haber secundado la sentencia previa que ellos emitieron.
