Llevamos unos días acumulando tantas situaciones sin precedentes tanto en lo judicial como en lo legislativo que nos da una idea de lo resbaladizo del momento que vivimos. Y lo enormemente peligroso que esto es para las instituciones.
La última excepcionalidad es la reunión de urgencia que se va a dar esta mañana en el Constitucional, a petición del PP, para decidir si paraliza la votación de esta tarde en el Congreso, donde está previsto que se vote la reforma legislativa del Gobierno que afecta precisamente al propio Tribunal Constitucional.
El Constitucional nunca ha frenado la actividad parlamentaria mientras esta tenía lugar. Lo más parecido fue cuando suspendió la convocatoria de un pleno del Parlament cuatro días más tarde del referéndum del 1-O y lo hizo petición del PSC.
La situación es muy compleja desde el punto de vista técnico-jurídico. Pero si hay algo claro en lo que estamos viviendo es que la tensión entre el poder legislativo y el judicial está en máximos y el respeto a las formas en mínimos.
Y la democracia necesita de las leyes, pero también de las formas. Y no es el fondo de la reforma legislativa lo que está en cuestión hoy en el Constitucional, sino las formas que ha empleado el Gobierno. Si se puede hacer esta reforma con estas prisas, sin debate previo, sin los informes preceptivos y con enmiendas que no tienen nada que ver con la proposición de ley.
Pero a su vez, el caso es que también están en cuestion las propias prisas del Constitucional en este pulso institucional in extremis y si atender esta solicitud del PP implica una intromisión en la autonomía del legislativo.
Como de técnica jurídica es tedioso discutir, acecha la tentación de simplificarlo en los bandos de siempre. Por si acaso, un recordatorio: puede parece lamentable el bloqueo de la renovación de los órganos de los jueces al que durante cuatro años el PP ha sometido a las instituciones y también una chapuza la manera en la que el Gobierno está tratando de desbloquearlo por una vía de urgencia.
¿Moraleja?
A la espera de lo que diga el constitucional, el único pronóstico seguro es que se agrava el desgaste institucional.
