Llevamos tanto tiempo viviendo situaciones inverosímiles que corremos el riesgo de normalizarlas. Llega una más. Tenemos el primer fiscal general del estado imputado. Hace no tanto hubiera sido difícil de creer.
También hubiera resultado inverosímil que el Gobierno saliera a apoyarlo como si fuera un ministro más. Y que el ministro de Justicia parezca el abogado defensor del fiscal general. Y que Bolaños diga que el deber de la Fiscalía es “perseguir el delito” (hasta ahí bien) y “proteger la verdad”, ha dicho... esto es más confuso. Como confuso es que el ministro de Justicia diga que "Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad".
Si, como el ministro dice, la Fiscalía fuera una especie de policía de la mentira, debería investigar al ministro por esta falsa dicotomía. Porque no es cierto que haya que elegir entre un ciudadano acusado de delitos fiscales, en este caso Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, y el fiscal general implicado en un presunto delito de revelación de secretos. Según el ministro, Álvaro García Ortiz se “defendía de un bulo”. Puede existir un delito fiscal y puede seguir siendo delito revelar información privada de un ciudadano desde la fiscalía. Eso es lo que el Supremo ha considerado pertinente investigar. Ambos delitos no son excluyentes. Así que cuando el ministro ¡de Justicia! dice que nadie debería tener problemas por desmentir un bulo está ignorando todos los artículos del Código Penal en los que es delito revelar información privada de un ciudadano o vulnerar su intimidad.
Que un fiscal general sea imputado es inverosímil, pero que siendo investigado por la Justicia continúe en el ejercicio de su cargo lo es aún más. ¿Ante quién va a declarar como investigado el fiscal general? ¿Ante otro fiscal, o sea, un subordinado? ¿Y los fiscales que tengan que declarar como testigos? ¿Hablarán con libertad de su jefe?
Es fácil perder el hilo. Pero no perdamos, por favor, la capacidad de asombro.
¿Moraleja?
No, no es normal tener imputado al Fiscal General del Estado.
