Durante la entrevista con Carlos Alsina, Gómez muestra su deseo de declarar ante el juez Barreiro para dar su versión de los hechos, que es "bastante distinta a la de Manuel Chaves y José Antonio Griñán". Asegura que hubo intención de los altos cargos de la Junta de Andalucía de no estar al corriente de las advertencias que él emitía y que todo se trataba de una decisión consciente de un Gobierno que quería que ese programa presupuestario se gestionara de una manera, que comportaba que "la Intervención General no pudiera fiscalizar la subvenciones".
Por ello, señala que fue a través de las auditorías que realizaba al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) como se detectó que había un área de gestión pública "sin control de la Intervención". Algo que dice que posteriormente fue comunicado a los consejeros de Empleo, Hacienda e Innovación.
Precisamente el martes, tras su asombro al escuchar la declaración de Manuel Chaves, decidió mandar una carta a La Brújula, en la que aseguraba que en la carta sí que realizó informes de actuación, algo que han negado Chaves y Griñán, avisando del riesgo que acabó sucediendo. Dice que creía que "la opinión pública debía saber que la versión que están dando no es la correcta" y por ello acusa tanto a Manuel Chaves como a José Antonio Griñán, de querer "echarme el muerto", ya que ve "completamente inverosímil que José Antonio Griñán no estuviera informado de la existencia de esos informes".
