El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el primer estado de alarma decretado por el Gobierno para combatir la pandemia en marzo del 2020. La sentencia, que salió adelante con los votos a favor de seis de los once magistrados, sostiene que el paraguas legal para adoptar el confinamiento general de la población debía haber sido el estado de excepción y no el de alarma.
Para Edu Madina, que no comparte la opinión del Tribunal Constitucional, "es evidente que para una pandemia hay que declarar un estado de alarma, que implicaba decretar un confinamiento", igual que hicieron otros países. El salto al estado de excepción, como considera el Constitucional, afecta a los asuntos de índole política, así como el estado de sitio está relacionado con crisis de carácter constitucional.
Sémper critica que el debate jurídico, que es de gran relevancia y provoca grandes discrepancias entre los miembros del Tribunal, esté "manoseado por el debate político". Lo que hace bien el Tribunal Constitucional es "establecer, aclarar los límites y herramientas que utilizar para restringir los derechos fundamentales", sostiene. En el futuro, tendremos que enfrentarnos a nuevos retos y amenazas que nos obligarán a replantearnos las herramientas que usamos para restringir esos derechos y "cuantas más garantías existan, mejor". El Gobierno ha criticado la sentencia del Tribunal Constitucional por su sentencia. Sémper considera sano que un Gobierno no esté cómodo con las sentencias judiciales, puesto que refleja la "salud de la separación de poderes", algo con lo que coincide Madina.
