PRESIDENTE DE APM

Manuel Almenar, sobre la idoneidad de Dolores Delgado: "Genera la sospecha sobre la imparcialidad de la institución"

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Manuel Almenar, analiza en Más de uno la idoneidad de Dolores Delgado para fiscal general del Estado, "lo que genera es una sospecha, una duda, sobre la imparcialidad de la institución, que es lo grave". Aunque sí recalca que si es elegida se tendría que abstener ante determinadas cuestiones en las que no vaya a ser claramente imparcial. Por otro lado, responde a las declaraciones que Pablo Iglesias hizo durante la entrevista con Vicente Vallés.

ondacero.es

Madrid | 16.01.2020 09:20

Almenar explica que la mayor duda que genera Dolores Delgado para el cargo de fiscal general del Estado es que se levanta la sospecha de imparcialidad de la propia institución. Aunque sí señala que para garantizar la independencia, la ex ministra de Justicia se tendría que abstener de votar en determinados temas en los que se haya pronunciado anteriormente con naturaleza política.

En caso contrario, según establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "se facilita al tercero afectado la opción de recusar". "Estoy convencido de que Dolores Delgado, en aquellos supuestos que debe abstenerse, se abstendrá", comenta.

Por otro lado, se pronuncia sobre la polémica desatada tras la entrevista de Pablo Iglesias con Vicente Vallés y la posterior respuesta del CGPJ. "Entre las funciones del CGPJ está obligado a salvaguardar la independencia de los jueces, si debe intervenir está obligado a hacerlo y no es la primera vez". Además, recuerda que "interviene cuando detecta que unas declaraciones pueden contribuir a enturbiar la idea de independencia o a generar dudas sobre ella" y considera que las declaraciones del vicepresidente "iban por una línea de descalificación basada en afirmaciones falsas, la Justicia Europea no ha humillado a la española".

Asimismo, aprovecha para aclarar que ni el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ni el de Derechos Humanos han revocado nada de lo que ha hecho un juez español. Argumenta que ha habido dos decisiones, la primera la del TEDH, que confirmó que la decisión de suspender el pleno del parlament catalán, "había sido necesaria para el mantenimiento de la seguridad pública, para la defensa del orden y para la protección de los derechos y libertades"; y la segunda, la del Tribunal de Luxemburgo cuando se pronunció a raíz de la pregunta sobre cómo interpretar el reglamento. "Ha habido el funcionamiento ordinario de las instituciones, hablar de humillación es desconocer cómo funcionan", concluye.