Este jueves arranca la tercera jornada de huelga de jueces y fiscales contra la reforma legal promovida por el Gobierno de España, aún pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados. Hasta el momento, las protestas estaban secundadas por las tres asociaciones del gremio históricamente más conservadoras, sin embargo, la última enmienda incluida por el Ejecutivo han hecho que las dos asociaciones progresistas, Unión Progresista de Fiscales y Juezas y Jueces para la Democracia, eleven también la voz,
En este contexto, Carlos Alsina ha conversado en Onda Cero con Juan Vacas Larraz, portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, una de las entidades convocantes que se sitúan en el ala más progresista del sector judicial. Según Vacas, "no es tanto la enmienda en sí, sino el desarrollo de los acontecimientos", lo que ha motivado que se sumen a las protestas.
La polémica en el proceso de estabilización
La crítica no se dirige directamente contra el proyecto de ley, sino contra el proceso de estabilización que incluye. Esta medida busca convertir en jueces de carrera a magistrados que llevan años ejerciendo, pero fuera del acceso ordinario por oposición. El problema, explican, reside en el método de acceso y en la inseguridad jurídica que podría generar entre quienes ya forman parte de la carrera judicial.
Para la asociación judicial, el procedimiento es "arbitrario y discriminatorio" y critican especialmente el desarrollo de los acontecimientos. Después de presentar el proyecto de ley, el Gobierno agregó que se convocarán 1.004 plazas por esta vía, y la enmienda aprobada recientemente establece que se podrá acceder con una puntuación de 40 sobre 100, demasiado baja para Vacas. Además, permitiría a estos magistrados ejercer en las regiones donde ya venían trabajando, lo cual incrementa la sensación de favoritismo.
En sintonía con el objetivo general de la ley
Juezas y Jueces para la Democracia considera que sería necesario separar esta parte de la ley (la referente a la estabilización) del resto del proyecto, que sí califican como "muy positivo" en muchos aspectos.
Algunas asociaciones judiciales han expresado su sospecha de que la intención última del Gobierno es controlar el poder judicial. Por eso reclaman que esta fase concreta del proyecto se suspenda y subrayan que “no está en peligro el Estado de derecho ni la independencia judicial”, pero que las formas importan, y mucho.
