Esta mañana el periodista Ignacio Cembrero publicaba un artículo en 'El Confidencial' informando sobre la estrecha relación entre los abogados que presentan la denuncia contra la ex ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y las autoridades marroquís.
Antonio Urdiales, uno de los abogados denunciantes de la ex ministra por su implicación en la llegada de Brahim Gali a España, confirma en 'Más de uno' que no tiene "nada que ver con el Gobierno de Marruecos". En esta línea, defiende que, si trabajara para Marruecos "no iría hacia delante para averiguar la verdad".
Posibles delitos de encubrimiento personal o prevaricación
Su denuncia apunta directamente "a los encubridores, a quienes hicieron pasar o autorizaron el cruce de fronteras de un señor que estaba investigado por delitos de genocidio, asesinato y terrorismo", sostiene Urdiales en relación a las 281 víctimas españolas producto de atentados que se le atribuyen al líder del Frente Polisario, Brahim Gali. Urdiales sostiene que la ex ministra o el Gobierno podrían incurrir en un delito de encubrimiento personal o prevaricación.
Diferencias en las posturas entre los denunciantes y la Abogacía del Estado
Tanto Urdiales como los otros denunciantes entienden que se evitó expresamente el control de pasaportes para ocultar la presencia de Brahim Gali en España. Por otro lado, la Abogacía del Estado, y por tanto el Gobierno, sostiene que es potestad del Gobierno en determinadas ocasiones exonerar a la persona que entra en España de presentar el pasaporte.
En definitiva, el argumento de peso que utiliza el abogado Urdiales para denunciar a las personas que tomasen la decisión de traer a España a Gali es la situación penal y la presunta implicación de Gali en los graves delitos que investigaba la Audiencia Nacional.
