Al fiscalgeneral del Estado nadie le va a pedir perdón porque es culpable. Quizás Sánchez si debiera hacer alguna contrición pero como no tiene propósito de enmienda, confórmense con que no nombre como próximo Fiscal General del Estado a Félix Bolaños.
Álvaro García Ortiz es culpable según el Supremo de haber revelado secretos y ha sido inhabilitado durante dos años, sancionado con 12 meses de multa y obligada a resarcir al novio de Ayuso con 10 mil euros por el daño causado.
La condena solo sorprenderá a quienes vivían conectados al matrix mediático que ha pretendido crear una realidad paralela durante este juicio o aquellos con mentalidad militante que realmente se creyeron que esta era una causa contra el secreto profesional o que los periodistas fueron los protagonista y no los sujetos pasivos de toda esta operación y cuyo testimonio, lejos de cualquier heroicidad, fue perfectamente irrelevante en este juicio.
Había tal cúmulo indiciario que ha terminado por constituir una prueba indirecta como un piano. Esto ya lo explicará la sentencia. Lo que hoy se ha presentado es únicamente el fallo pero ya se puede presentar como hechos probados que el fiscal general del Estado se ha prestado a una operación política en favor del Gobierno para destruir a una adversaria utilizando información confidencial de su novio.
Siempre actuó como el ministro 23. Ese trato denigrante le ofreció Pedro Sánchez y Álvaro García Ortiz no tuvo mucho reparo en someterse a tan humillante disciplina. Ha sido el primer fiscal general del Estado declarado inidóneo por el CGPJ, el primero en ser investigado judicialmente, el primero en sentarse en el banquillo y el primero en abandonar el cargo mediante una condena de inhabilitación.
Por más que los sofocos oficialistas pretendan ahora ahogar los argumentos del Supremo, lo que el Tribunal ha condenado es que el poder utilice la información confidencial de los ciudadanos en operaciones políticas.
Que un fiscal general se comporta, no ya como un ministro, sino como un jefe de gabinete enloquecido.
El fallo que condena a Álvaro Ortiz
Estamos en el Museo Casa Botines de León, en el lugar fetiche de la Brújula, una ciudad a la que peregrinamos cada año desde hace 22 y donde los amigos de la radio nos reciben siempre con un derroche de hospitalidad. A todos ustedes que nos acompañan, muchas gracias.
Desde León para el mundo, la Brújula, en el día en que el Supremo anuncia la condena del fiscal general del estado.
Esto es lo que dice el fallo: "Que debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, artículo 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular".
Claro, si bastaba con atender al juicio pero hay quien se queda únicamente con la prueba testifical… y ni siquiera, se queda con la prueba testifical que refuerza sus prejuicios.
El fiscal general del estado asumió la responsabilidad de la nota de prensa donde se revelaban detalles confidenciales de la negociación, necesariamente confidencial, entre un cliente y su abogado.
No contento con esto, el fiscal general quiso hacerse con una copia del correo donde el abogado de González Amador ofrecía reconocer dos delitos para sellar el pacto. Desde que se hiciera público todos los medios del oficialismo, desde los portavoces oficiales del Gobierno hasta los portavoces oficiosos en la prensa, se refirieron al novio de Ayuso como un delincuente confeso, provocándole un mal que ahora ha de ser resarcido.
García Ortiz fue delatándose en cada momento de esta operación con expresiones de jerga apparatchik "nos están ganando el relato" o "lo necesitamos para cerrar el círculo". Se comportó como un jefe de gabinete enloquecido.
El gobierno lo ha despedido entre elogios a pesar que ha sido condenado. Pero es que el gobierno no respeta el fallo. Lo acata, que es distinto. De hecho no es frecuente que el Gobierno le agradezca los servicios prestados a un condenado.
Pero bueno, el PSOE también presenta a un procesado a las elecciones en Extremadura, así que esto no debería impresionar.
Reacciones políticas a la sentencia
Así que el ministro de Justicia ha anunciado que en los próximos días, el Gobierno nombrará a un nuevo fiscal general del estado. Todo lo que no sea nombrarlo a él, a Bolaños, será un decepción, pero mantengamos aún un margen para la sorpresa.
Por cierto, Bolaños ha impulsado una iniciativa legislativa para reforma la ley de enjuiciamiento criminal y que sea la Fiscalía la que instruya los casos. Ya ven ustedes que este momento propicio para una reforma semejante está la Fiscalía en su mejor momento para esta reforma y es Bolaños el ministro de justicia adecuado para impulsar.
Lo cierto es que la declaración de Bolaños ha sido la más sobrio que van a encontrar respecto del fallo sino ya da el salto al socio de coalición se oyen unas proclamas que poco menos que invitan a desmantelar el Supremo y si uno desciende a la política partitocrática a saber dónde termina.
En cuanto a la oposición, el Partido Popular considera que Álvaro García Ortiz debería arrastrar en su desgracia al Gobierno que ligó su destino al de un fiscal general del estado al que consideró y trató desde el principio como el ministro 23. Alberto Núñez Feijóo ha pedido, sin esperar que se produzca, la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones.
