La reciente filtración de una serie de audios revelados por El Confidencial ha desatado un terremoto político en el seno del Partido Socialista. La protagonista del escándalo: Leire Díez, apodada ya como "la fontanera de Ferraz", por su papel clave como intermediaria en presuntas gestiones opacas entre altos cargos del PSOE y empresarios investigados por corrupción.
En una historia que roza el surrealismo administrativo, Leire Díez pasó en apenas unos años de gestionar asuntos de filatelia en Correos a ocupar un alto cargo en la Empresa Nacional del Uranio. Todo ello sin que España explote sus yacimientos de uranio, aunque sí los tenga, como irónicamente recordaba en antena uno de los tertulianos de La Brújula de Onda Cero. La designación de Díez, según varias fuentes, habría respondido a su extrema lealtad y disciplina con el aparato del partido.
Pero la controversia va mucho más allá del currículum sorprendente de Díez. En las grabaciones publicadas se la escucha negociar con empresarios procesados como Javier Pérez del Saz, implicado en fraudes por subvenciones, o con el abogado Jacobo Gelo. En dichas conversaciones, la representante socialista —acompañada por individuos con causas judiciales pendientes— habla sin reparos de obtener “información comprometida” sobre miembros del Partido Popular a cambio de supuestos favores judiciales.
El objetivo principal de estas gestiones parecía ser, según los audios, la “muerte civil” del teniente coronel Antonio Balas, jefe de Delincuencia Económica de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil). De la manera en la que Díez se refiere a la Guardia Civil —como una "camorra"— y su forma de plantear estas “negociaciones” con investigados, ha encendido todas las alarmas mediáticas y políticas. "Yo lo que no voy a permitir es que nos tenga presos a todos este Antonio Balas", se escucha decir a Díez en un tono que deja poco margen a la interpretación.
La gravedad del caso ha hecho que tanto el PSOE como el Gobierno salieran al paso para desmarcarse. Mientras el Ejecutivo asegura no tener relación alguna con Díez, desde Ferraz se habla de "una campaña interesada y falsa", y se amenazan acciones legales contra quienes difundan esta información. La propia Leire Díez ha intentado justificarse alegando que estaba haciendo un "reportaje", en su calidad de supuesta periodista. Una defensa que no ha convencido a nadie.
La oposición ha reaccionado con contundencia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de usar Ferraz como "una oficina de chantajes" y denuncia un "desmoronamiento institucional" sin precedentes. En palabras del popular, "estamos pasando por el momento de mayor dificultad para la democracia española".
El contexto político no ayuda. En paralelo, crece la polémica sobre el intento del socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo de blindarse con un aforamiento exprés tras su imputación en el caso vinculado al hermano del presidente Sánchez. Mientras tanto, el caso Ábalos sigue su curso, con nuevas revelaciones sobre presuntas mordidas a cambio de contratos durante la pandemia.
Y todo esto, mientras en la esfera internacional estallan conflictos en Gaza y Ucrania, y en el terreno más amable —aunque no menos tenso—, la cantante Melody rompe su silencio tras Eurovisión, criticando lo que considera burlas desde la propia TVE.
Pero en el terreno nacional, el escándalo de Ferraz se lleva todas las portadas. Lo que parecía una historia menor de una funcionaria políglota en sus intereses —de la filatelia al uranio—, ha terminado por convertirse en uno de los episodios más oscuros del presente político español. La investigación está en curso, pero lo que ya es evidente es el profundo desgaste que este caso ha infligido al Gobierno y al Partido Socialista, en un momento especialmente frágil de su legislatura.
