Si ya malo emprender una guerra por la libre decisión de establecimiento de una empresa, imagínense lo que es perderla. Y es lo que le ha ocurrido al Gobierno, que encima ha salido derrotado.
No es habitual que las televisiones conecten en directo con la Junta de Accionistas de una empresa, pero es que en la Junta de hoy de Ferrovial se dirimía algo que excede por completo a la decisiones corporativas de una compañía.
De hecho, puede que las consecuencias políticas sean más profundas que las meramente económicas. Porque Ferrovial no se va de España. Se ha desgañitado su cúpula directiva en que aquí se quedan trabajadores, inversiones, inmuebles, proyectos y millones en impuestos. Lo que se traslada es su sede social, lo que pasa es que el Gobierno se implicó de tal manera en tratar de evitarlo que no hay otra forma de leer lo ocurrido en la Junta de Accionistas que no sea la de la derrota de Pedro Sánchez. Porque incluso él se comprometió en esta cruzada que tenía mucho de personal. Digamos que llegó a ser una cuestión testicular.
Pedro Sánchez se deja algo muy importante en esta batalla. Porque ha incurrido en injerencias inaceptables, ha recurrido a argumentos autárquicos, ha llegado a sugerir que Ferrovial le debe algo al Estado como si las adjudicaciones fueran tan caprichosas que un contrato de obra pública equivale a una deuda patriótica.
Lo interesante de la junta es que se puede escuchar a los accionistas, mayoritarios y minoritarios, sus argumentos y sus quejas. En esta junta se pudo escuchar al presidente de la Federación Mundial de Inversiones, un señor llamado Jean Pierre Paelinck que señala lo grave que es el rapto soberanista de un gobierno que va tan de europeísta.
Claro, es que se emplearon algunos argumentos autárquicos que debería avergonzar a un gobierno declaradamente europeísta. Países Bajos no es un paraíso fiscal, es un país de la Unión Europea y uno entiende que la ansiedad conduce a veces a utilizar argumentos desesperados.
Luego otros accionistas minoritarios se quejaban del trato ridículamente paternalista del Gobierno. Porque ahora para negar que estuvieron presionando durante días a través de cartas, declaraciones o de informaciones en sus boletines no oficiales el Gobierno dice que en realidad estaba informando a los accionistas. Hoy lo hacía María Jesús Montero, nada menos que la ministra de Hacienda, en Espejo Público de Antena 3 y, claro, no suena demasiado creíble.
Alberto Núñez Feijóo ha criticado la actuación del Gobierno en este episodio tan embarazoso. No es que se alegre, supongo, de que una compañía traslade su sede social, pero no cree que insultar a los empresarios sea forma de animarles a invertir en España.
La guerra del agua
La otra guerra es la guerra del agua. Que tiene su frente más cruento ahora mismo en una esquinita de España.
El Parlamento Andaluz con la mayoría absoluta del PP y el apoyo adicional de Vox ha aprobado la toma en consideración de una proposición para regularizar nuevos regadíos en Huelva y el Gobierno Central dice que eso aboca a la catástrofe a Doñana, que Doñana no se toca. Y en el exceso de entusiasmo la vicepresidenta Teresa Ribera dice esto en La Sexta de que Juanma Moreno es un señorito arrogante que desde su esquinita quiere hacer un daño irreparable.
Ahora estamos con el trasiego de papeles. Madrid está haciendo un buzoneo de papeles con todas las advertencias hechas por la Comisión Europea y por el propio Ministerio de Transición Ecológica acerca de sanciones en caso de que salga adelante la nueva regularización de regadíos. Sevilla, en cambio, está difundiendo todas las veces que ha pedido una reunión con Teresa Ribera sin que esta quisiera recibirles.
Miren cómo va esto de la sequía. Sólo en San Sebastián ha llovido en un día lo que en Almería, Alicante y Teruel en tres meses. Así funciona.
¿Cómo lo defiende el Gobierno Andaluz? Dice que en ningún caso se dejan de perseguir los pozos ilegales porque lo que se autoriza es único el riego con aguas superficiales. ¿Con cuáles? ¡Si hay una sequía brutal! He aquí la cuestión. Que lo que dice el Gobierno Andaluz es que es competencia de Madrid, del Gobierno central, acometer las actuaciones necesarias a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para dar agua a los regantes. Pero como el Gobierno está en contra de los trasvases...
