Dentro de poco no será necesario imaginar a un Fiscal General del Estado sentado en el banquillo durante un juicio oral. Todavía falta por ver si será un Fiscal en ejercicio o no y la mera duda ya indica hasta qué punto de degradación institucional ha caído España.
Hoy Álvaro García Ortiz ha podido leer su auto de procesamiento. El juez Ángel Hurtado considera que hay indicios suficientes para considerar que podría ser autor o partícipe en un delito: una operación política para destruir a Isabel Díaz Ayuso mediante la revelación de documentación confidencial de su novio.
Así que el Supremo envía a juicio al Fiscal General del Estado y a esta hora el Fiscal General del Estado no solo no ha dimitido, sino que asegura que continuará en ejercicio. Y el gobierno, que no tiene por qué expresarse al respecto, le ha dado su pleno su apoyo.
El Gobierno no tiene por qué expresarse al respecto, porque su cese, destitución o renuncia no depende del Gobierno, lo que pasa es que en este caso bien se puede aducir que, además de considerar muy justamente por su entrega a la causa a Álvaro García Ortiz como el ministro 23, hay algo de mala conciencia.
Porque el auto de procesamiento sitúa el mando de la operación política para destruir a Ayuso nada menos que en Presidencia del Gobierno. En la Moncloa. De ahí habrían salido las órdenes para revelar los secretos de Alberto González Amador.
Así que el titular del Ministerio de Presidencia, que también lo es de Justicia, se siente doblemente interpelado y decide apoyar al procesado, esto es atacar a los jueces mediante falacias como puños.
Entre las falacias se encuentra la más habitual que es inventarse lo que es un auto de procesamiento. Que no es una sentencia y por lo tanto no tiene que presentar las pruebas, sino que establece si existen indicios racionales de criminalidad, delimita los hechos punibles, establece quiénes serán enjuiciados y qué delitos se imputan. Y todo eso establece, con la pulcritud que se le supone a un juez del Supremo, el auto de procesamiento de Álvaro García Ortiz. Porque lo cierto, y por eso el Fiscal General del Estado lo tiene tan negro, es que no hay una explicación racional alternativa a que él filtrara la documentación del novio de Ayuso.
¿Saben cómo podría existir esa explicación racional? Si el Fiscal General del Estado, en lugar de borrar toda comunicación de los días críticos, hubiera guardado, al menos, algo, un mensaje exculpatorio. Pero no lo hizo.
Pidió que le enviaran a un gmail, a un correo privado, un documento confidencial que debía custodiar y luego borró esa cuenta para que nadie pudiera saber qué había hecho con ese documento. A esto es a lo que se llama una prueba indiciaria.
Pero esto son sutilezas a las que el Gobierno no quiere prestar atención. Porque el Gobierno sólo tiene una forma de defensa de su ministro 23 y es la teoría de un golpe blando. Que el Supremo, nada menos, está empeñado en derribar al Gobierno y por eso ha decidido procesar a García Ortiz.
Esto es lo que sugiere Óscar Puente, un ministro que demuestra que Leire Díez no estaba escribiendo sino un libro de estilo del PSOE. Porque lo que dice Puente es que el Supremo es la verdadera oposición del Gobierno, cuando en realidad todos los indicios señalan que la oposición en Madrid es Álvaro García Ortiz y por eso ha terminado procesado.
Él y su subordinada, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Y miren… he aquí la muestra de por qué es absolutamente inasumible que Álvaro García Ortiz siga siendo Fiscal General del Estado mientras está sentado en el banquillo de los acusados.
No es sólo la torsión que provoca en la institución Álvaro García Ortiz, que se mantiene en su puesto cuando los fiscales que participan en su causa dependen orgánicamente de él. Esto ya lo hemos superado. Piensen que cuando le tomaron declaración la acusación pública era una subordinada suya y actuó como si fuera un bufete particular de García Ortiz.
Esto está superado. Lo de ahora es otro nivel, pero es que vamos moviendo el umbral de lo admisible y ya cualquier cosa es posible.
La fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, fue quien, la noche del 13 de marzo de 2024, envió al fiscal general el correo del abogado del novio de Ayuso. Fue ella quien le preguntó: Álvaro ¿adónde te lo envío? Y este dijo: al gmail. Al oficial no.
Bien, cuando se abra el juicio oral, en virtud del artículo 145 del Ministerio Fiscal, Pilar Rodríguez tendrá que ser suspendida y su suspensión la firmaría el Fiscal General del Estado. Y ahora, ¿se imaginan a Álvaro García Ortiz firmando la suspensión de su subordinada para luego seguir en ejercicio mientras que le juzgan en la misma causa que a Pilar Rodríguez?
Es tal el disparate, que cuesta encontrar las palabras. Pero esto es como los versos más célebres de Macbeth: "Estoy tan hundido en la sangre, que retroceder es tan difícil como avanza". O sea que ya es peor retroceder que avanzar. Así que el Gobierno está en la teoría del golpe blando. Cualquier contrapoder que le salga al paso es que está conspirando contra el gobierno y ese es el camino del autoritarismo. Porque no va a dejar una institución sana en España. ¿Los periodistas? Manipuladores. ¿Los empresarios? Lobistas ultrarricos. ¿Los jueces? Prevaricadores.
Recuerden que Álvaro García Ortiz está en este lío porque había que salvar a Begoña Gómez como fuera. Había que contraatacar como fuera.
Y de hecho Félix Bolaños, al que escuchábamos, cree que este es el momento perfecto para ponerse a reformar la justicia y el estatuto fiscal con unas iniciativas que han puesto en pie de guerra a la judicatura, que va a protestar esta semana, porque lo que se propone hacer el Gobierno es un ataque directo contra el Estado de Derecho. Y si esto es siempre grave, porque es el camino autoritario, si lo haces cuanto está asediado por los escándalos judicial y con el fiscal general del estado en el banquillo es algo que debería encender todas las alarmas.
