La reunión ha reventado y se ha convertido en un monólogo. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha quedado María Jesús Montero junto a las tres comunidades socialistas (Asturias, Castilla La Mancha y Cataluña) junto a dos observadores, que son Navarra y País Vasco, a las que esto de la condonación de la deuda no les afecta.
Es lo que ocurre cuando convocan una reunión con un acuerdo cerrado con los independentistas y el voto de calidad del Gobierno. El resto de comunidades, todas las gobernadas por el PP y también Canarias, consideran que su papel en esa reunión únicamente es la de cómplices de los pactos con ERC y en consecuencia se van.
Así que el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha continuado un tanto desolado y ahí María Jesús Montero explicaría con el eco de las salas vacías el argumentario que justifica que se asuma el riesgo moral de mutualizar las deudas para que las paguen todos los españoles, sin distinguir si el origen de esa deuda es la mala gestión, la construcción de una republiqueta de fantasía o la infrafinanciación que padecen la Comunidad Valenciana o Murcia.
Esta política es lo contrario de la igualdad y de hecho su origen no atiende al interés nacional sino a la compra de un puñado de votos para la investidura de Pedro Sánchez. Así que, ¿para qué tanta liturgia? La consejera de Andalucía, Carolina España, aportaba otro argumento mientras se iba, que es que el debate sobre la deuda ha sustituido al de la financiación y únicamente por una razón.
Cualquier adjetivo para calificar lo que cuenta el sumario de la DANA solo sirve para envanecerlo. La juez ha reunido los últimos instantes de personas cuya vida quedó arrasada por la riada. Los daños materiales no pudieron evitarse, pero el sumario sí establece una premisa desoladora: la mayoría murieron antes de que llegara un aviso del peligro real que corrían.
La mayoría eran ancianos con escasa movilidad que quedaron atrapados en garajes y en plantas bajas antes de recibir la alerta masiva que la Generalitat mandó a los teléfonos de la población. Ahora lo que trata de establecer la juez son las negligencias que demoraron el aviso, la calidad de la información que recibieron las autoridades competentes y la diligencia con la que tomaron la decisión de alertar a la población.
En estas circunstancias, cualquier declaración política ha de leerse entendiendo que puede afectar a un proceso en curso. Por el momento, las versiones que ofrecen los responsables son contradictorias. Por empezar por la cúspide, la reacción de Carlos Mazón puede ser calificada cuanto menos, siendo benévolos, de desconcertante. Porque ya es difícil saber qué es lo que hizo exactamente ese día. Todo es tan difuso y tan deliberadamente ambiguo.
Ahora dice que no apareció en la reunión de emergencias hasta las 20:28, o sea después de que se enviara la alerta. Antes decía que había llegado a partir de las 19:30. Hombre, sí, las 20:28 es a partir de las 19:30, de eso no hay duda, pero es difícil de creer que no considerara relevante contar si había llegado antes o después del envío y en cualquier caso, una versión tan voluble puede preservar una estrategia de defensa pero dilapida todo el crédito político.
Porque es importante preservar el crédito porque luego hay que estudiar otras cuestiones relevantes para la investigación que podrían haber afectado a la percepción del riesgo, como la información aportada de por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Porque hay que recordar que en lugares como Paiporta o Catarroja todo fue arrasado por un tsunami de fango, escombros y agua que nadie vio venir porque había un día claro y sin lluvia.
La enésima revelación sobre la actuación del Fiscal General del Estado solo viene a sumar algo de bochorno al caso. La UCO alerta al juez de que García Ortiz también "reseteó" su móvil tras abrirse la causa. Los investigadores apuntan, además, a que el fiscal general no "ha entregado ningún dispositivo por desuso o reemplazo" a la Subdirección General de la que depende. Es tal la acumulación de indicios…
La prueba indiciaria es un tipo de prueba utilizada en el ámbito jurídico que se basa en la existencia de indicios o hechos secundarios que, relacionados entre sí y debidamente valorados, permiten inferir la existencia de un hecho principal. No se trata de una prueba directa, sino de un conjunto de elementos que, mediante razonamiento lógico y reglas de experiencia, conducen a una conclusión.
El juez instructor del caso del Fiscal General del Estado ha dejado todo preparado para que Álvaro García Ortiz se siente en el banquillo y se enfrente a un juicio oral. El juez Ángel Hurtado ha acordado archivar la investigación respecto a Diego Villafañe, mano derecha del fiscal general del Estado.
En una segunda resolución, el magistrado del Tribunal Supremo ratifica la imputación tanto de Álvaro García Ortiz como de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Del Fiscal General argumenta que todos los indicios apuntan a que fue él quien filtró la información confidencial del novio de Ayuso, dado "el interés que mostró por hacerse con el correo de 2 de febrero de 2024, y que, cinco minutos después, inmediatamente de 'cerrar el círculo', aparezca filtrado su contenido en un medio de comunicación".
