Manuel Fernández-Fontecha ejerció como Letrado de la Comisión Constitucional durante la legislatura anterior. Aunque, el pasado mes de diciembre fue apartado por el Secretario General del congreso, Fernando Galindo, tras criticar públicamente la ley de amnistía. Fontecha presentó entonces un recurso ante la Mesa del Congreso para que le repusieran en la Comisión Constitucional. Que ya avisó que no descartaba pedir amparo al Tribunal Supremo.
Los letrados de la Comisión de Justicia han emitido un informe que se ha entregado a todos los grupos parlamentarios en el que presentan varias consideraciones sobre la ley de amnistía y ponen en tela de juicio su constitucionalidad.
Manuel Fernández-Fontecha recalca que es una cuestión de valoración política, sino que es "estrictamente técnica y jurídica". donde se pone a un lado la Constitución y al otro la propuesta y se comparan.
Aclara el letrado que este informe no tiene nada que ver con el carácter de si es patente o no, "simplemente analiza la cuestión". Destaca la precisión con la que se ha examinado un problema "tan grave".
Para Fernández-Fontecha el principal problema de la ley que se propone es la redacción del artículo 1, en el que parece que dice que todos los tipos penales se pueden incluir. Añade que la finalidad, el móvil que justificaría haber hecho la amnistía "adquiere una dimensión gigante" y que invade el tipo.
El ataque a la inseguridad jurídica del proyecto es muy alto
Resulta evidente para el jurista que el móvil político ha sido el de alcanzar un determinado número de votos que permite acceder a la presidencia del Gobierno. "El problema adicional, y el informe es muy bueno para precisarlo, es que estamos viviendo en un estado constitucional y las amnistías son instituciones muy antiguas y anacrónicas", matiza. Continúa sosteniendo que los estados constitucional se rigen por dos principios que son la libertad y la igualdad, aunque "cada más la igualdad, que es el mismo trato para todos". "La amnistía es una excepción a la igualdad, para admitirla tienen que realizar auténticas contorsiones jurídicas", manifiesta.
Asimismo, añade que "al margen de que la causa sea o no admisible, el ataque a la inseguridad jurídica del proyecto es muy alto".
