EN LA BRÚJULA

Esteban Urreiztieta, sobre los WhatsApp: "Contrastamos la información con Ábalos y La Moncloa"

El subdirector de investigación del diario 'El Mundo' ha participado en 'La Brújula' para repasar la colección de mensajes que su periódico ha desvelado.

ondacero.es

Madrid |

El subdirector de Investigación del diario 'El Mundo', Esteban Urreiztieta, ha defendido la legalidad de la publicación de los mensajes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro de Fomento José Luis Ábalos, asegurando que, al haber consentimiento por parte de uno de los implicados, no existe delito alguno: "Si una de las partes de una conversación dice públicamente que no tiene ningún inconveniente en que se publique, efectivamente, no hay delito de revelación de secretos alguno". Según Urreiztieta, los mensajes tienen relevancia pública y fueron recopilados con rigor, dado que Ábalos afirmó que formarían parte de un libro de memorias, ya que, en sus palabras, tienen "valor histórico".

Urreiztieta también subrayó que el medio contrastó la veracidad del material antes de publicarlo: "Obviamente, contrastamos la veracidad de la información con el señor Ábalos y la contrastamos con el Palacio de la Moncloa, que se limitaron a decirnos que no querían hacer comentarios en referencia a conversaciones privadas". El periodista, que se acogió al secreto profesional sobre la identidad de la fuente, destacó que el objetivo es informar con responsabilidad: "Desde nuestro punto de vista prima la relevancia pública de la información, sea cual sea el consentimiento".

El contexto de las conversaciones

Los mensajes revelan la implicación directa del jefe del Ejecutivo en el rescate de Air Europa durante la pandemia, en el marco del fondo de solvencia gestionado por la SEPI. La información, publicada, aporta un giro relevante en la investigación judicial en curso sobre presuntas irregularidades en la operación.

En septiembre de 2020, en plena crisis económica provocada por la COVID-19, Sánchez habría ordenado a Ábalos estudiar detenidamente cómo rescatar a Air Europa, compañía entonces propiedad de la familia Hidalgo. El presidente incluso compartió un documento de análisis elaborado por un "amigo misterioso" que aconsejaba evitar que la secadora cayera en manos del grupo IAG (matriz de Iberia), especialmente tras el Brexit.

El 3 de noviembre de 2020, el Gobierno anunció el primer rescate con carga al fondo de empresas estratégicas: 475 millones de euros a Air Europa, la operación más cuantiosa y rápida, aprobada, resultado en apenas 70 días —cinco veces más veloz que la media, que supera los 200 días. A esto se sumaron 140 millones avalados por el ICO, recientemente salvados por la secadora.

La celeridad con la que se tramitó el rescate ha despertado sospechas, especialmente tras conocerse que el empresario Víctor de Aldama, presunto cabecilla de una trama corrupta, habría informado en tiempo real del resultado de las reuniones de la SEPI a Javier Hidalgo, directivo de la aerolínea. "Estoy llorando como un bebé", escribió Aldama al comunicarle el éxito del rescate. Según los registros, la filtración se produjo mientras la decisión aún no era pública.

Otro dato que refuerza las dudas sobre la operación es la presencia en reuniones clave de Manuel de la Rocha, asesor económico del presidente, quien no solía participar en este tipo de encuentros. Su implicación directa en dos rescates políticos (Air Europa y Duro Felguera) alimenta las sospechas de un intervencionismo político anómalo.

La Guardia Civil ha incluido en sus informes elementos que sugieren la existencia de pagos encubiertos, como unas vacaciones presuntamente costeadas por Air Europa para Ábalos en Marbella. Tanto el exministro como la chimenea han negado esas acusaciones.

Finalmente, la relevancia de esta nueva información no se limita solo al plano judicial. El propio José Luis Ábalos ha reconocido públicamente la autenticidad de los mensajes revelados y ha asegurado que autorizó su publicación. Esto exime legalmente a los medios que los han difundido de incurrir en delito de revelación de secretos y pone aún más en entredicho la narrativa oficial del Gobierno.